¿Es el Plan de Garantía Juvenil la solución al insostenible nivel de paro o un mero parche?

Un grupo de jóvenes busca información y asesoramiento en una feria del empleo. :: millán herce

El Gobierno negocia con los agentes sociales medidas para fomentar el contrato relevo y flexibilizar el de formación y aprendizaje

L. PALACIOS MADRID.

España contará este año con 837 millones más, procedentes de fondos nacionales y comunitarios, para destinar al programa de Garantía Juvenil, ideado en Europa en 2013 para reinsertar en el mercado laboral a los jóvenes sin experiencia ni formación. De esta manera, dispone de más de 3.200 millones de euros para utilizar de aquí a 2023 para frenar el enorme problema del paro juvenil.

Para poder gastar estos fondos, el Gobierno, casi un año después de echar a andar en esta segunda legislatura, se ha puesto por fin manos a la obra y ha presentado en la mesa del diálogo social un plan de choque por el empleo juvenil que quería aprobar en este mes de julio, aunque no ha sido posible. En él se recogen medidas como fomentar el contrato relevo, una nueva modalidad de jubilación parcial para que un joven entre en una empresa y durante un tiempo sea formado por la persona a la que va a sustituir una vez que se jubile.

Otra de las acciones va encaminada a flexibilizar el contrato de formación y aprendizaje, especialmente para las pymes. Quiere de esta manera eliminar las restricciones actuales para que las empresas puedan usar a estos jóvenes en los trabajos a turnos. Además, se reducirán los tiempos de la actividad formativa, se establecerán garantías y se reforzarán los sistemas de control y penalización. Y es que el contrato de formación experimentó una vertiginosa caída en 2016, cuando se endurecieron las exigencias y se hizo obligatorio cursar titulaciones en FP o certificados de profesionalidad. Pasaron de registrarse un máximo de 175.000 en 2015 a los apenas 46.000 del pasado año.

Polémicas medidas

Y para apoyar aún más el contrato de formación, el Ejecutivo ya ha anunciado que pondrá en marcha una ayuda complementaria de 430 euros durante un máximo de 18 meses para aquellos jóvenes que suscriban este tipo de contratos. Se sumará al salario de convenio que pagan las empresas, por lo que los beneficiarios pasarán a ingresar más de 1.138 euros al mes repartidos en 14 pagas. El Ejecutivo pretende con esta medida resolver la falta de formación que hay entre los desempleados más jóvenes, ya que 550.000 no han terminado la ESO.

El Ministerio también quiere utilizar los recursos de la Garantía Juvenil para poner en marcha una bonificación para las compañías que, tras ese contrato de formación de 18 meses, incorporen de manera indefinida a los jóvenes. Su propuesta es una subvención de 250 euros al mes en las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante tres años. Así, la ayuda global ascendería a 3.000 euros anuales, que se sumarían a la bonificación ya existente.

«Esta vía de apostar por la Formación Profesional Dual es la correcta, pero la manera de hacerlo es totalmente inapropiada», sostiene el profesor Jansen, que explica que se trata de ofrecer soluciones duraderas de empleabilidad y no complementos salariales. Los sindicatos también han mostrado su desacuerdo con estas ayudas de 430 euros y con mantener las políticas de bonificaciones casi como único recurso para gastar los fondos.

Otra cuestión es el alcance de este programa. Se pueden beneficiar todos aquellos que estén registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que cuenta con más de 600.000 inscritos, 200.000 de lo cuales ya tienen un contrato, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Empleo. El Gobierno modificó el pasado diciembre las exigencias y en la actualidad tan solo hace falta ser menor de 30 años y llevar un día sin empleo o sin haber recibido formación. El objetivo es que el millón de parados pueda acceder a estas ayudas.

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