El Defensor pone en duda la constitucionalidad de revalorizar un 0,25% las pensiones

Fernández Marugán entrega ayer el Informe Anual 2017 a la presidenta del Congreso, Ana Pastor./Zipi (Efe)
Fernández Marugán entrega ayer el Informe Anual 2017 a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. / Zipi (Efe)

Considera que la fórmula del PP condena a «un empobrecimiento constante de todos los pensionistas», algo que choca con la Carta Magna

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

Si el PP tenía pocos frentes abiertos en el tema de las pensiones, este lunes le salió otro más. El Defensor del Pueblo puso en duda la constitucionalidad de revalorizar las pensiones un 0,25% y, en cierta manera, puso en entredicho la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, una reforma que -tal y como destaca la institución- la hizo sin consenso social, al contrario de lo que ocurrió con la reforma de 2011 de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue suscrita incluso por los sindicatos.

Así lo considera el Defensor del Pueblo en el 'Informe anual sobre crisis económica y desigualdad' que este lunes presentó en el Congreso de los Diputados y en el que destaca «tres vulnerabilildades principales» del sistema de pensiones. La primera de ellas afecta al mecanismo de revalorización anual de estas prestaciones, que condena a sus beneficiarios a «una ‘cuasi congelación’ de las pensiones (al incrementarse el mínimo legal del 0,25%) durante años», algo que -estima- «ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo en 2017» y «ha de suponer un empobrecimiento constante de todos los pensionistas», una trayectoria que podría suscitar dudas con la previsión constitucional que insta a los poderes públicos a garantizar «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad», según reza el artículo 50 de la Constitución. A este empobrecimiento contribuiría además el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que menguará la cuantía inicial de la pensión de los nuevos jubilados.

«El potencial impacto de estas dos medidas no es en absoluto menor», señaló el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, quien hizo hincapié en que esto ha provocado un incremento de las quejas de los ciudadanos. De hecho, la institución recibió el pasado año 45.200 firmas solicitando la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.

De esta manera, esta institución pública se une a la campaña emprendida por gran parte de la oposición -con PSOE y Podemos a la cabeza-, los sindicatos y las decenas de miles de ciudadanos que se están movilizando en los últimos días para pedir que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la evolución de la inflación, ya que con la reforma de 2013 estas prestaciones dejaron de vincularse a los precios para ligarlo a la suficiencia económica del sistema, algo que -tal y como pone de relieve el informe- no se hace en ningún país europeo salvo España. Es por esto que en los próximos años, y salvo que se tomen medidas para solucionarlo, las pensiones están abocadas a subir el mínimo del 0,25% establecido por ley, ya que el déficit de la Seguridad Social ascendió a 18.800 millones el pasado año y el sistema acumula un agujero de más de 80.000 millones. Solo cuando las cuentas estén saneadas estas prestaciones podrán revalorizarse un máximo del IPC + 0,5%, algo que por el momento parece un imposible.

Pacto de Toledo

Esto es precisamente lo más urgente para el Defensor del Pueblo: corregir el desequilibrio financiero de la Seguridad Social, ya que genera una «extraordinaria incertidumbre» en los jubilados y en la sociedad en general. Y es que la institución no comparte la creencia del Gobierno de que este déficit se solucionará «con más y mejores empleos» -como repite continuamente la ministra de Empleo, Fátima Báñez- y considera «difícil» que el agujero desaparezca «simplemente a través de la recuperación de los empleados perdidos durante los años más duros de la crisis y de una progresiva mejora de las condiciones salariales».

En este sentido, la institución pública considera «preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros». Sin embargo, resalta que «cualquier reforma del sistema, y en especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible».

Pide redistribuir la renta para evitar acentuar el malestar social

El Defensor del Pueblo advirtió también del enorme coste social que ha tenido la crisis económica en España y pidió al Gobierno un cambio en las políticas de redistribución de rentas para reparar «el pozo de desigualdades sin precedente» originado, en su opinión, por las políticas de austeridad. «Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales», remarcó Francisco Fernández Marugán durante la entrega de su informe anual a los presidentes del Congreso y Senado.

En el último año, las quejas de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo se dispararon alrededor de un 51% con respecto al 2016, hasta alcanzar casi las 25.000, por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis. «En España hay una situación que es preciso corregir: la recuperación no ha llegado al bolsillo de todos», arguyó Fernández Marugán y explicó que, en estos doce meses, los españoles han transmitido al organismo que preside en funciones su «insatisfacción en los años duros, pero también en la recuperación».

De acuerdo con el informe, esta lacra solo podría corregirse si se lleva a cabo un cambio en las políticas sociales, que mejoraría la renta y el consumo de los colectivos más desfavorecidos. Se trata de los los jubilados, los dependientes, los desempleados de larga duración que han agotado la cobertura, familias con todos sus miembros en paro y jóvenes sin trabajo y sin derecho al desempleo.

El Defensor del Pueblo alertó además en su informe del riesgo de un incremento del malestar social y pidió que las cuestiones relacionadas con la redistribución pasen a primer plano en la agenda de los poderes públicos. «Nos estamos separando de la senda convergente sostenida, no sin esfuerzo, desde los inicios de la democracia», advirtió en el documento.

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