¿Otro 'parche' para las pensiones?

Un grupo de jubilados en un parque de Palma de Mallorca. :: r. c./
Un grupo de jubilados en un parque de Palma de Mallorca. :: r. c.

Escoger los mejores años de cotización no resuelve el problema, aseguran los expertos

LUCÍA PALACIOS

madrid. El debate de cómo reformar el sistema de pensiones ha irrumpido con fuerza en el panorama político, social y económico del país en este inicio de año. Algo lógico, por otra parte, si se tiene en cuenta que la Seguridad Social arrastra un déficit de más de 80.000 millones desde 2011, cuando entró en números rojos. Y todo apunta a que este 'agujero' seguirá creciendo.

Y es que con apenas cuatro datos se puede uno hacer a la idea del problema que arrojan las cuentas: el coste mensual de las prestaciones contributivas se acerca a la cifra récord de 9.000 millones al mes, lo que supone un 58% más que hace diez años; la pensión media se situó en diciembre de 2017 en 926 euros, un 36% superior a la de hace una década; de igual manera que el número de pensionistas ha crecido en un 15% respecto a 2007 y, por el contrario, los afiliados han caído un 5%. En palabras llanas: más gasto y menos ingresos en un sistema que está muy lejos del equilibrio.

¿Qué hacer? Algunos partidos políticos se han animado en estos últimos días a hacer propuestas: si el PSOE la semana pasada abogó por crear un impuesto a la banca y otro a las transacciones financieras como forma de aumentar los ingresos, esta semana que termina ha sido el PP quien ha situado a las pensiones en la palestra al anunciar la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que el Gobierno estudia permitir que los trabajadores puedan optar por ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral e incluso descartándose los peores años. Desde Empleo insisten en que se trata de una propuesta voluntaria, mientras que el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps, reitera que el objetivo final es llegar a que se contemple la práctica totalidad de la vida laboral con una capacidad de elección y descarte para todos los trabajadores, aunque igual que en la reforma de 2011 se hará de forma progresiva. «Al sistema le interesan carreras largas y con esto lo estás fomentando, al tiempo que beneficias a los que han sufrido la crisis a final de su vida laboral», sostiene el diputado.

Así, las pregunta son: ¿quién sacaría partido a esta medida si finalmente viera la luz? ¿Habría también perjudicados? Desde luego todo depende de si finalmente esto es un opción voluntaria y uno puede escoger entre computar con los últimos 21 años -tal y como está establecido para 2018, aunque en 2022 serán los últimos 25- o por todos eliminando los peores. Si es así, nadie saldría perdiendo y, desde luego, los grandes beneficiados serían todas aquellas personas mayores que durante la crisis fueron despedidos y no lograron después encontrar otro empleo o lo hicieron en una condiciones mucho peores -por lo que no han podido cotizar o lo han hecho por la base mínima-, o también aquellos que en el pasado, hace más de 25 años, tuvieron remuneraciones relativamente altas.

El Gobierno asegura que por el momento no tiene datos del número de personas que habría en este colectivo ni del impacto económico que esto tendría en las cuentas del sistema. Pero cabe resaltar que en el tercer trimestre de 2017 había más de 930.000 mayores de 50 años en paro (casi cuatro veces más que diez años atrás), según datos de la última EPA. Esto no significa que todos ellos se vieran beneficiados, pero sin duda sí aquellos que anteriormente tuvieron unos sueldos medios o altos, principalmente los que trabajaban en grandes empresas y se vieron afectados por despidos generalizados y no volvieron a encontrar empleo o pasaron a ser autónomos, por ejemplo.

Precisamente este es otro de los colectivos que saldría bien parado: los trabajadores por cuenta propia, que superan en las actualidad los 3,2 millones. En este sentido, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) estima que esta medida aumentaría la pensión media de este grupo «entre un 12% y un 15%».

«Una huida hacia adelante»

«Lo que están haciendo yo lo llamo una huida hacia adelante», explica con rotundidad Luis Sáenz de Jáuregui, director de Distribución de Axa, que sostiene que lo que busca esta medida, en caso de que efectivamente sea voluntaria, es retrasar la edad real de jubilación -actualmente se sitúa en los 64,2 años, frente a los 67 que se exigirá en 2027- para que no siga engordando el número de pensionistas porque en estos momentos el sistema está en números rojos. «Si no puedes pagar al banco, renegocias con él y le pides un periodo de carencia durante dos años porque ahora no tienes dinero», dice a modo de ejemplo.

Pero Sáenz de Jáuregui también baraja que puede ser una estrategia para introducir el cómputo global de la vida laboral al cálculo de las pensiones. «Si se pretende dulcificar la medida, tampoco tiene sentido, porque es una medida justa en sí misma», sostiene, al tiempo que recalca que esto supondría una menor cuantía para la inmensa mayoría de personas, puesto que se computan también los años más jóvenes, donde lo normal es que los salarios sean menores... De forma que solo beneficiaría a los que tengan mala suerte en los últimos años o a quienes 25 años atrás ganaron bastante y su salario ha aumentado poco o menguado.

De cualquier modo, hay que tener en cuenta que los años que no se cotizan no suponen cero, sino que está lo que se llaman 'lagunas de cotización', que se rellenan con la base mínima durante cuatro años y a partir de ahí con la mitad de la base mínima, según estableció el PP.

Por su parte, Manuel Álvarez, secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones, alerta sobre un riesgo que podría traer esta medida si no se regula bien, lo que daría lugar a lo que se denomina «arbitrar contra la Seguridad Social», es decir, perjudicar al sistema. Y es que podría darse el caso de que personas que están cotizando los últimos años de su vida laboral como autónomos para que no les penalice, dejen de hacerlo porque si se pueden escoger los mejores años ya tienen la pensión máxima asegurada. O también que las grandes empresas que siguen cotizando el máximo por sus trabajadores prejubilados dejen de pagarlo porque éstos ya tienen largas carreras de cotización, casos, por tanto, que mermarían los ingresos de la Seguridad Social.

«Esta propuesta no tiene sentido en el contexto actual: es proponer mejorar el embellecedor del coche cuando el motor no funciona», asegura Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, quien solo ve dos posible soluciones: o poner más impuestos o bajar las pensiones.

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos