Nuevo jarro de agua fría para las aspiraciones de los funcionarios

Varios funcionarios de Hacienda atienden al público en una oficina de Madrid. / F. Alvarado / EFE

La prórroga de los Presupuestos deja en el aire las condiciones del sector público, incluida la adaptación de los puestos de los interinos

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

El primer empleador de España -la Administración - ha vuelto a dejar descolocada a su plantilla -tres millones de funcionarios prácticamente-, que deberá esperar varios meses para conocer las condiciones que regirán su trabajo en 2018. Al sector no le resulta ya novedosa esta situación, después de casi una década marcada por recortes de sueldo, ampliación de las jornadas, reducción de libranzas y falta de reposición de perfiles derivada de quienes dejan su puesto al jubilarse.

Cuando todo apuntaba a que el Gobierno y los sindicatos encaminaban las negociaciones sobre la retribución de los funcionarios, las conversaciones se rompieron. El problema catalán se ha agudizado con el paso de los días y el Ejecutivo ha optado por retrasar una semana, primero, y aplazar sine die, después, la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año.

Así, queda en el aire la última propuesta de Hacienda para elevar el sueldo de los funcionarios hasta un máximo del 7,95% en los tres próximos años. Lo haría un 1,5% para 2018, otro 1,75% en 2019 y un 2% en 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía. Los sindicatos ya habían anticipado que esta propuesta les parecía «muy insuficiente» al no poder recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis, que cifran entre un 13% y un 20%.

El pacto con los sindicatos preveía reducir el empleo eventual del 23% actual al 8% en la AdministraciónDurante la crisis, la pérdida de poder adquisitivo de los 3 millones de funcionarios ha ido del 13% al 20%

Aunque esas cifras varían en función del dato de inflación que se tome como referencia -la media anual, el de diciembre, etcétera-, las minusvalías sufridas por los salarios del sector público con respecto a la evolución del coste de la vida han sido constantes desde que comenzó la crisis. En el sector privado, la situación ha sido incluso peor: en los últimos ocho años, la remuneración media ha caído un 6,6% descontado el efecto IPC, según el INE.

La congelación salarial ha sido la principal herramienta utilizada por casi todos los Gobiernos en algún momento de su mandato para evitar que los costes laborales del sector público se dispararan y así controlar el déficit. Después de la etapa de bonanza, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero puso sobre la mesa un recorte medio del 5% en los sueldos en 2010. La medida supuso un mazado para unos funcionarios que se habían acostumbrado a tener buenas relaciones con ese Ejecutivo en los años del 'boom'. Pero la crisis acechaba de forma brutal y el desvío de las cuentas públicas ya apuntaba al 9% del PIB.

Nóminas mermadas

No sería el único rejón que sufriría el sector durante la larga travesía por la que atravesó el país. En el primer Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, el 30 de diciembre de 2011, se optó por la congelación salarial. Además, destruyó muchas aspiraciones de quienes quisieran acceder a la Administración: la tasa de reposición de los puestos vacantes se fijaba en el 0%. Y, junto a ello, para quienes ya ejercían como empleados públicos su jornada se incrementaría en dos horas y media semanales, hasta las 37,5 horas.

A esas medidas se unió la supresión de la paga de Navidad de 2012, algo que los funcionarios no habían sufrido antes. Y no ha sido hasta mayo de 2016 cuando la pudieron recuperar al completo, tras varios abonos parciales previos. Después de tres ejercicios -2013, 2014 y 2015- con las nóminas nuevamente congeladas, los trabajadores públicos comenzaron a ver la luz hace dos años cuando sus sueldos comenzaban a subir un 1%, en cualquier caso por debajo de la inflación. Se acentuaba así una pérdida de poder adquisitivo que no termina de recuperarse con el paso del tiempo.

Más allá de los salarios, las condiciones del sector público han sufrido también los rejones presupuestarios en esta última década. La Administración ha sufrido un cambio considerable: si en 2013 la tasa de temporalidad de trabajadores de la función pública -aquellos que acceden por todo tipo de contratos y no por oposición- representaba un 19,5% del total, hasta el segundo trimestre de este año se elevaba ya al 23,2%, según los datos recopilados por CC OO. Y en el caso de las mujeres, los puestos eventuales que ocupan en la Administración se han incrementado en cinco puntos, hasta casi un tercio del total.

Acabar con la temporalidad

En términos prácticos esta realidad se denomina interinidad. Es decir, empleados que trabajan en el sector público, pero que no tienen puesto de funcionario. Gobierno y sindicatos cerraron un acuerdo antes del verano para sacar a concurso el 90% de las actuales plazas eventuales -sobre todo en sanidad, educación, justicia y servicios sociales-, lo que supondría reducir la temporalidad en la Administración al 8%.

Aún no está claro a cuántos perfiles beneficiaría la medida, porque la horquilla se mueve entre los 290.000 que calculan los representantes de los trabajadores hasta las 235.000 que cifran fuentes oficiales. Esta conversión llega después de la sentencia del Tribunal de la UE que reconocía a una extrabajadora de Defensa, que había cubierto durante años un puesto como interina, su derecho a ser despedida en condiciones similares a un indefinido, esto es, con una indemnización de 20 días por año. Se abrió así un nuevo frente que los Presupuestos postergados podían resolver.

También deja el proyecto de cuentas públicas aplazado una duda entre quienes aún no son funcionarios: los miles de opositores que esperan saber noticias de sus procesos selectivos. Más aún después de que para este año se aprobara la oferta de empleo público (OPE) más elevada de la última década, por encima de las 28.200 plazas. Todo apuntaba a que los Presupuestos incorporarían relevantes novedades en el acceso a la función pública, aunque cualquier aspiración también ha quedado, por ahora, congelada.

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