El FMI ve margen para subir los impuestos a las rentas más altas y reducir la desigualdad

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde. :: reuters

También plantea una tributación sobre la riqueza y rechaza que una mayor progresividad fiscal perjudique al crecimiento económico

DAVID VALERA MADRID.

El FMI advirtió ayer sobre el crecimiento de la desigualdad en algunos países a raíz de la crisis, algo que pone en riesgo la cohesión social. Para tratar de corregir esta situación, además de apostar por el crecimiento a través de las reformas estructurales y la creación de empleo, el organismo internacional planteó la posibilidad de elevar los impuestos a las rentas más altas en las economías avanzadas e incluso implantar un tributo sobre la riqueza. Eso sí, avisó de que esas medidas debe estudiarse sólo en aquellos países que tengan un sistema fiscal «no demasiado progresivo».

Así, la institución dirigida por Christine Lagarde explicó ayer en la presentación de su informe 'Monitor fiscal' la importancia de un sistema impositivo a la hora de redistribuir la riqueza de los ciudadanos. En este sentido, el organismo se plantea hasta dónde debería aumentar la presión fiscal para los tramos de renta más altos. Y concluye que si se aplicara la teoría de la tributación óptima los tipos para las rentas más elevadas «tendrían que ser significativamente más altos que los actuales, que han venido retrocediendo». Asimismo, el Fondo rechaza que una mayor presión fiscal para los ingresos más elevados tenga un efecto negativo en el crecimiento económico, «al menos en el caso de niveles de progresividad que no son excesivos». De esta forma, el FMI explicó que las economías avanzadas con niveles «relativamente bajos de progresividad» en el IRPF «tengan margen para subir las tasas impositivas marginales máximas sin trabar el crecimiento económico».

El Fondo no se refiere a ningún país concreto a la hora de aplicar esta subida impositiva para mejorar la progresividad y reducir la desigualdad. Sin embargo, sí recoge la presión fiscal en cada uno de los países que permite comparar. En el caso de España los ingresos tributarios supondrán un 38,5% del PIB en 2017, lo que supone 7,7 puntos menos que la media del 46,2% de la zona euro, según recoge el informe del FMI. En cualquier caso, la presión fiscal en España en los últimos años se ha mantenido estable en ese 38%. Tan sólo la caída de la recaudación en los peores años de la crisis provocó que en 2009 cayese al 34,8%.

Por su parte, el gasto público en España representa el 41,7%, también inferior al 47,5% de la media comunitaria. En este caso, la senda que dibuja el FMI para España de cara al futuro es descendente. De esta manera el gasto público caerá por debajo del 40% del PIB a partir de 2021, una consecuencia de la reducción del déficit. Por contra, esta variable se disparó en el apogeo de la crisis al llegar a representar un 48,1% en 2012, año en el que el Gobierno tuvo que pedir un rescate bancario a la UE.

En cuanto a la deuda pública, el FMI estima que España reducirá ligeramente su elevado pasivo este año hasta el 98,7% del PIB, lo que supondría el tercer ejercicio consecutivo de descensos. Sin embargo, prevé que la reducción de la deuda pública será muy lenta y que en 2020 todavía se mantendrá en el 94,5%, dos puntos más que la proyección del Gobierno. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que España tendrá que esperar hasta 2035 para lograr reducir el pasivo al 60% del PIB que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El FMI ha señalado en numerosas ocasiones de la vulnerabilidad para la economía española que supone una deuda pública cercana al 100% del PIB.

Renta básica universal

Por otra parte, el Fondo también analizó en su informe las ventajas e inconvenientes de la implantación de una renta básica universal. El organismo admite que este debate se está produciendo en numerosos países y considera que debe ser analizado con cautela y en función de las características de cada territorio. Así, explica en el documento que en los países que ya cuentan con una amplia cobertura social y de ayudas públicas para los más desfavorecidos -como ocurre normalmente en las economías avanzadas-su aprobación podría ser contraproducente. En concreto, señala que implicaría «una reducción sustancial de las prestaciones para muchos hogares de más bajo ingreso», ya que tendrían que repartirse esas ayudas entre más beneficiarios. Algo que, a su juicio, reduciría las cuantías de esa renta aunque se incrementase el presupuesto.

Como alternativa, el FMI apuesta por centrar los esfuerzos en «reforzar más los sistemas en marcha eliminando todas las lagunas en la cobertura de las redes de protección social que pueden atribuirse a las reglas de participación o a una adhesión incompleta». Asimismo, defiende los subsidios salariales «bien concebidos para ofrecer incentivos laborales a los trabajadores de menor renta».

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