¿Qué margen tiene el Gobierno en los Presupuestos?

Organismos como el Banco de España reclaman un aumento de ingresos para cumplir la senda de estabilidad pactada Hacienda confía en el avance del PIB para compensar el gasto de medidas como el alza salarial de funcionarios

DAVID VALERA MADRID.

Después de numerosas dudas y mensajes contradictorios, el Gobierno aprobará los Presupuestos de 2018, salvo imprevisto de última hora, en un Consejo de Ministros extraordinario este martes. El Ejecutivo es consciente de que se juega su prestigio político con esta tramitación, para la que todavía no tiene garantizados los apoyos parlamentarios necesarios por las reticencias del PNV ante el escenario de crisis en Cataluña. En cualquier caso, el Gobierno ha anunciado diversas medidas presupuestarias con el objetivo de conseguir esos respaldos y con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de 2019. El alza salarial de los funcionarios, la equiparación de sueldo de Policía y Guardia Civil (una partida de 500 millones), la subida superior del 0,25% para las pensiones más bajas o una rebaja del IRPF, son algunas de la medidas avanzadas con más o menos detalles.

Unos anuncios que tienen un impacto en las partidas de gasto que han desatado las alarmas de algunas instituciones como el Banco de España al entender que ponen en riesgo el cumplimiento de déficit. Una conclusión que tampoco gusta en Bruselas, que se mantiene a la espera de conocer el documento. La clave está en saber hasta qué punto el Gobierno tiene margen para tomar medidas de incremento del gasto que le reclaman en la calle en un momento de crecimiento sin comprometer al mismo tiempo la senda de estabilidad pactada con la UE.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció esta semana en un tuit que España había cerrado 2017 con un déficit del 3,07% que significaba cumplir el objetivo del 3,1%. La meta para 2018 es el 2,2%, es decir, un ajuste de más de 9.000 millones. El Gobierno confía en que el simple crecimiento económico -la previsión oficial del Ejecutivo es del 2,3%, pero este martes se elevará como mínimo al 2,5%- sirva no solo para realizar ese ajuste, sino para compensar las medidas de incremento del gasto que piensa incluir en los Presupuestos como la revalorización un 1,75% del sueldo de los funcionarios. Una medida que el Banco de España estima tendrá un impacto de una décima del PIB (unos 1.100 millones). De hecho, este acuerdo hizo que el organismo supervisor empeorase sus estimaciones de déficit para 2018 al situarlas en el 2,5%, tres décimas superior al objetivo.

«No hay margen. Si no se adoptan medidas por el lado de los ingresos no se va a cumplir el déficit», señala María Jesús Fernández, directora de coyuntura y estadística de Funcas. Esta experta resalta que la economía sólo ha recuperado lo que ha perdido durante la crisis. En este sentido, Fernández destaca que los ingresos del Estado están prácticamente al nivel previo de la crisis, pero los gastos son unos 50.000 millones superiores por el mayor desembolso en pensiones, intereses de la deuda y el incremento del salario de los empleados públicos.

Además, esta experta insiste en el riesgo que supone para la economía española su elevada deuda, todavía cercana al 100% del PIB. «Es preocupante. Si hay otra crisis no hay margen y se tendrán que adoptar políticas muy restrictivas del gasto», avisa. Por ese motivo, la responsable de coyuntura y estadística de Funcas reclama que si existe margen en las finanzas públicas se dedique a reducir el pasivo.

Sin embargo, el Gobierno confía en la recuperación de la economía. Para empezar, el techo de gasto del Estado de los Presupuestos de 2018 se incrementó por primera vez desde hace tres ejercicios y alcanzó los 119.834 millones. Asimismo, las cuentas públicas incluirán un incremento de los ingresos tributarios que permitirá que la recaudación supere niveles precrisis, lo que supone lograr más de los 200.676 millones de 2007. De hecho, los ingresos de 2017 -los datos exactos los dará a conocer mañana Hacienda- se quedarán muy cerca de esa cifra.

En concreto, hasta noviembre de 2017 los ingresos tributarios se incrementaron un 5,8% en términos de contabilidad nacional, aunque la previsión del Ejecutivo era que esa cifra se elevase más. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha advertido que el cumplimiento de los ingresos era «improbable». Es más, organismos como la OCDE o el FMI han reclamado al Gobierno un incremento de impuestos medioambientales (España se encuentra por debajo de la media de la UE) y elevar el gravamen de hidrocarburos al diésel.

En cualquier caso, el Ejecutivo no parece por la labor de tomar esa senda. De hecho, ya guardó en un cajón el anunciado impuesto sobre bebidas azucaradas. Y es que el departamento que dirige Cristóbal Montoro confía en la mejora del consumo, que ya permitió que el IVA en los primeros once meses mejorase su recaudación un 6,3%. También la creación de empleo ha permitido que el IRPF mejore sus ingresos un 3,5%.

Gasto en pensiones

Precisamente este impuesto será uno de los protagonistas de los Presupuestos de 2018. Así, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Ciudadanos implica elevar de 12.000 euros a 14.000 euros la exención en ese tributo. Una medida que afectaría a todos los contribuyentes. Pero, además, el Ejecutivo contempla la posibilidad de eximir del IRPF a los pensionistas que cobren menos de 17.000 euros, según adelantó el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto.

Esta medida beneficiaría a aproximadamente a 1,1 millones de pensionistas (aquellos que ganan entre 12.000 y 17.000 euros). Sin embargo, la medida ha sido criticada por partidos de la oposición como el PSOE o Podemos al considerar que no afecta a los pensionistas que cobran una prestación inferior a los 12.000 euros (el 63% del total, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha) y por eso reclaman vincular la subida de nuevo al IPC.

En este sentido, el Gobierno también incluirá en las cuentas públicas una mejora de las prestaciones mínimas y de viudedad superior al 0,25%. En el caso de las pensiones de viudedad supondría el aumento de la base reguladora (sirve para calcular la cuantía de la pensión) del 52% al 60%, una medida prevista desde 2011 y que todavía no se ha implantado.

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