La Justicia europea delimita el espionaje del correo electrónico de los trabajadores

Un empleado ante el ordenador de su empresa. :: r. c.
Un empleado ante el ordenador de su empresa. :: r. c.

La Corte de Estrasburgo avala que las empresas puedan revisar el 'e-mail' de sus empleados si le han advertido antes de que así lo van a hacer

ADOLFO LORENTE BRUSELAS.

Sí, pero no. Mucho se esperaba ayer del fallo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debía emitir sobre la privacidad de las comunicaciones de los trabajadores pero, al final, la sensación de ambigüedad sigue dominando el debate. Porque tan cierto es que el empleado rumano que demandó a su empresa por ser espiado ha salido victorioso de la sentencia de la Gran Corte radicada en Estrasburgo (Francia), como que una compañía cualquiera puede leer los correos electrónicos de sus trabajadores siempre que se den determinadas circunstancias y se respeten ciertos límites esgrimiendo siempre «razones legítimas». ¿Cuáles? He aquí las dudas que deja un fallo que provocó un sinfín de malentendidos.

«Es muy complejo. El Tribunal de Estrasburgo se limita a hablar de este caso en concreto sin decir si una empresa puede leer los correos electrónicos de sus propios trabajadores, aunque en realidad se admite de forma implícita ya que el análisis se centra en las condiciones en las que se produjo esa vigilancia», explican fuentes jurídicas. Porque si alguien esperaba un tratado sobre cuándo, cómo y por qué pueden leerse las comunicaciones privadas de un trabajador usando los medios técnicos de la empresa, ayer no era el día más idóneo.

La sentencia se refiere al caso de un rumano de 38 años, Bogdan Barbulescu, que trabajaba en una empresa de su país como ingeniero responsable de ventas. A petición de la compañía creó una cuenta de Yahoo Messenger -uno de los portales más populares para este tipo de iniciativas- para interactuar con los clientes con los que trataba habitualmente. El 13 de julio de 2007 la empresa le informó de que sus mensajes habían sido controlados durante una semana y de que fue 'cazado' usándolo también para fines personales.

Un jefe puede leer los correos si esa acción tiene las «garantías adecuadas» contra abusos personales

Lo negó, pero sus jefes desmontaron su defensa mostrándole decenas de folios transcritos con conversaciones mantenidas con su hermano o su novia sobre cuestiones como su vida sexual. El 1 de agosto de ese año, finalmente, fue despedido por «vulnerar la normativa interna que prohibía el uso de recursos de la empresa para fines personales».

A partir de ahí, Barbulescu comenzó una cruzada judicial que empezó primero en la Justicia de Rumanía, donde siempre perdió en todas las instancias a las que recurrió, y que acabó ayer en Estrasburgo de forma victoriosa después de que este mismo tribunal no le diese la razón en enero de 2016.

La Sala, muy dividida

Lo que alegó fue la vulneración del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el hogar y la correspondencia. Y ayer, una década después, recibió amparo judicial con un fallo inapelable. Por 11 votos contra 6, la Sala concluye que las autoridades rumanas «no han alcanzado un justo equilibrio entre los intereses en juego» y «no han protegido correctamente» al demandante. Por ello, el Gobierno de Rumanía deberá pagarle 1.365 euros por gastos y honorarios. La sentencia afirma que los tribunales no verificaron si el demandante había sido advertido de la posibilidad de que sus comunicaciones fueran vigiladas o si se podían haber adoptado «medidas menos intrusivas» para el afectado.

He aquí la clave. Para la Corte, el fallo que fue conocido ayer no significa que un jefe no pueda revisar los correos profesionales de los trabajadores, sino que «la vigilancia vaya acompañada de garantías adecuadas y suficientes contra los abusos». La advertencia del empleador al empleado, matiza, «debe producirse antes de que se inicie la vigilancia, en particular si afecta al contenido de las comunicaciones». Además, matiza que «las instrucciones del empresario no pueden reducir a cero la vida social privada en el lugar de trabajo», reza el fallo.

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