Los inspectores de Hacienda piden pagar a los informantes de delitos fiscales

Además reclaman un estatuto para la Agencia Tributaria que permita elegir a su director a través del Parlamento

D. VALERA SEVILLA.

Premiar económicamente a los confidentes que informen o denuncien un delito fiscal. Esa es una de las propuestas de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) para mejorar la lucha contra el fraude. Una iniciativa que desde la asociación consideran que sería positiva para incentivar la delación de este tipo de fraudes. De hecho, los inspectores recuerdan que este mecanismo ya funciona en operaciones relacionadas con el contrabando y piden extenderlo a todo el ámbito tributario.

En concreto, los inspectores consideran en un documento presentado en el XXVII Congreso de la organización que se celebra en Sevilla, que la Agencia Tributaria debería «disponer de fondos para pagar informaciones confidenciales de cuyo conocimiento se derive la recuperación o el afloramiento de cuotas defraudadas». Una medida similar que, han recordado, ya funciona en países como Estados Unidos.

Pero no sólo eso, entre las medidas para mejorar la lucha contra el fraude los inspectores también contemplan la posibilidad de que su trabajo de control se realizara de «incógnito». Es decir, poder llevar a cabo trabajos de información «sin la necesidad previa de identificarse» como inspectores. Eso sí, explican que esas acciones deberían evitar la incitación al delito o la vulneración de algún derecho fundamental.

Los inspectores de Hacienda destacaron que estas medidas también pueden contribuir a reducir la economía sumergida, que en España representa el 17,2% del PIB, según un estudio reciente del Instituto de Investigación de Economía alemán. Una cifra que convierte a España en el tercer país de Europa con un nivel de economía sumergida más elevado, sólo superado por el 19,2% de Italia y el 21,5% de Grecia.

En cualquier caso, la asociación de inspectores de Hacienda defendió la necesidad de realizar «estudios autónomos» que permitan detectar cuál es el nivel de economía sumergida hay en España. De esta forma consideran que se podría detallar más la situación, algo que ayudaría a aplicar con más acierto las medidas para combatir este fenómeno. Además, permitiría evaluar de forma más precisa el impacto real de la lucha contra el fraude. De hecho, recordaron que a pesar de la mejora de esta variable (en 2016 se obtuvieron 14.883 millones por esta vía) no se puede valorar cuánto representa del total del fraude.

Despolitizar la Agencia

Asimismo, el presidente de la asociación de inspectores, José Luis Groba, defendió la necesidad de aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria para reforzar el régimen jurídico de sus empleados. Se trata de una reivindicación histórica de los trabajadores de la institución que nunca ha contado con el respaldo suficiente en el Congreso. En este sentido, Groba ha explicado que ha presentado su nueva propuesta a las cuatro principales fuerzas políticas y todas se han mostrado partidarias de abordarlo. Su objetivo es que su desarrollo se fije en alguna ley en 2018.

Entre las medidas que contempla esa propuesta de estatuto está la de despolitizar la dirección de la Agencia Tributaria. Para ello, los inspectores piden desligar al secretario de Estado de Hacienda de la institución que actualmente preside. Asimismo, el documento defiende que el director general de la Agencia no sea designado por el Gobierno como ocurre ahora, sino que sea elegido por el Parlamento con una mayoría cualificada por un periodo de cinco años prorrogables otros cinco. Además, para ganar autonomía consideran fundamental que el cese del máximo responsable del fisco se deba a causas tasadas en una normativa, para evitar que sea sustituido por razones políticas.

Además, en ese nuevo estatuto los inspectores abogan por la creación de una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) cuyas competencias serían superiores a la actual Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya que además de investigar los complejos entramados societarios, también abarcaría actuaciones vinculadas a la corrupción como es el blanqueo de capitales o el contrabando. En esa nueva oficina participarían funcionarios de la Agencia Tributaria, del Ministerio Fiscal y efectivos de una policía fiscal que debería crearse.

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