Implantar una renta mínima supondría un coste anual de hasta 15.300 millones

Desempleados en una oficina del INEM en Madrid. :: efe/
Desempleados en una oficina del INEM en Madrid. :: efe

Si esta ayuda se diese a ciudadanos con más de un año en paro y bajos ingresos, la AIReF avisa de que España incumpliría el déficit

LUCÍA PALACIOS MADRID.

Implantar una renta mínima de 426 euros al mes para los desempleados supondría un coste anual para el Estado de entre 6.000 y 15.300 millones de euros y elevaría el déficit público por encima del 3%. Así lo estimó ayer el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados que tramita esta proposición de ley a instancia de UGT y CC OO. «Es una medida de gran calado, con un potencial redistributivo muy significativo y también con un gasto fiscal relevante», aseguró Escrivá durante su intervención. No obstante, pidió que se tomarán con «cautela» los «números rápidos» que habían hecho.

Para hacer estos cálculos, la Autoridad Fiscal tomó como base la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que cifra en 2,9 millones de personas de entre 18 y 65 años que declaran estar parados y no haber trabajado en los 12 meses anteriores. Sin embargo, los beneficiarios de la renta mínima se reducirían a entre 1,9 y 2,2 millones al aplicarse los requisitos personales de ingresos, es decir, que la renta anual del demandante sea inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). E incluso el organismo estima que los beneficiarios de esta ayuda disminuirían hasta los 1,3 o 1,5 millones si se aplica la exigencia de no superar los ingresos del 75% del IPREM -el índice de referencia para la asignación de ayudas- por miembro de la unidad familiar. Podría ser casi un millón de beneficiarios menos que los estimados por los sindicatos, que cifraron en torno a los 2,4 millones las personas sin recursos que podrían percibir esta ayuda.

Tampoco coinciden los cálculos del gasto que dieron en su día las organizaciones de los trabajadores con los que ayer expuso Escrivá. Si UGT y CC OO cifraron en más de 11.000 millones de euros, en torno al 1,1% del PIB, el presupuesto que habría que destinar para esta iniciativa, la AIReF lo eleva hasta un máximo de 15.300 millones, aunque su franja es muy amplia. Estima que el coste fiscal podría oscilar entre 6.000 y 12.800 millones si no se incluye el complemento adicional por menor o dependiente familiar a cargo, algo que si se introdujera elevaría el gasto a entre 7.100 y 15.300 millones. «El coste fiscal real dependerá de la configuración final de la normativa sobre las condiciones de elegibilidad y de la cuantía del complemento», precisó este organismo. A la vez, calificó esta iniciativa de «compleja» ya que se trata de «una propuesta híbrida» que comparte elementos de renta básica con otros vinculados a un impuesto negativo.

De este modo, Escrivá advirtió de que el elevado coste de esta proposición de ley que se está tramitando en el Congreso aumentaría el déficit entre un 0,5% y un 1,5% del PIB, por lo que alejaría a España del objetivo de equilibrio presupuestario y tendría a su vez «un notable impacto en la senda de la deuda». Así, si la AIReF estima que en 2020 el déficit sería cercano a dos puntos del PIB (el Estado y la Seguridad Social tendrían un desequilibrio cercano a los 2,5 puntos de PIB que se compensaría con 0,5 puntos de superávit de las comunidades y ayuntamientos), la implantación de esta renta mínima podría disparar el déficit hasta el 3,5%, por lo que «nos sacaría fuera de la consolidación fiscal».

Un «análisis integral»

Por otra parte, Escrivá hizo hincapié en que la gestión de esta renta debería corresponder a los ayuntamientos, ya que «hay determinadas prestaciones que por su naturaleza, cuanto más cerca estén al ciudadano, se gestionan mejor, sobre todo cuando es una renta mínima, que se plantea para mitigar problemas de pobreza grande».

Para la AIReF, «es deseable considerar simultáneamente la sostenibilidad y la adecuación» y considera, por tanto, que «sería muy conveniente hacer un análisis integral de la proposición», de forma que dicha evaluación incluyera un estudio de la evidencia internacional, un análisis de los programas ya existentes a nivel nacional y de las comunidades y una estimación de la proposición de ley en las distintas variantes que se reflejan en las enmiendas presentadas.

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