Hacienda recauda más de 700 millones extra gracias a obras no declaradas en viviendas

Las cifras figuran en el Programa Nacional de Reformas enviado por el Gobierno a Bruselas a finales de abril, con el fin de hacer valer ante la Comisión Europea las medidas que está aplicando para aumentar ingresos, una de las demandas reiteradas de las autoridades comunitarias ante el aumento del gasto público. Y es que la costosa factura para tratar de contentar a pensionistas, empleados públicos y autónomos supondrá de 10.000 a 10.200 millones entre 2018 y 2019, según suba el sueldo de los funcionarios.

Todo ello sin olvidar el impacto negativo que, en términos de recaudación, supondrá la última rebaja en el IRPF y otras medidas fiscales similares (835 millones en 2018 y otros 1.373 millones en 2019). Frente a eso, el Ejecutivo confía en que la propia mejora continuada de la actividad económica permitirá elevar la recaudación tributaria en 2018 un 7,5%, más del triple que el año pasado y 14.000 millones más. En un escenario positivo, España podría superar incluso los máximos previos a la crisis en ingresos fiscales, con cerca de 200.700 millones.

Sobre un montante tan grande los más de 700 millones de recaudación extra el año pasado por regularizar construcciones -casi 900.000 en solo doce meses, cerca de un tercio de las previstas para los seis años de vigencia del plan especial del Catastro (2013-2018)- parecen perder cierto brillo, aunque su importancia radica en que son recursos con los que no se contaba a principios de 2017 y, por tanto, no presupuestados de antemano. Son el resultado de aflorar el fraude que se comete a través de distintos tipos de obras que no se declaran luego.

No hablamos en general de casas que no se conocieran en el municipio correspondiente, sino más bien de nuevas construcciones, ampliaciones y piscinas que los propietarios no declaraban ahorrándose con ello el incremento correspondiente en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). De hecho, casi tres cuartas partes de la legalización realizada corresponde a irregularidades de este tipo. En el catastro, no obstante, estiman que el padrón urbano también ha crecido en torno a un 4% en los municipios que han sido inspeccionados al contabilizarse viviendas que antes se desconocían.

Andalucía y Galicia, junto a Castilla y León, son las comunidades donde más construcciones se han regularizado. Para realizar sus pesquisas, además de las visitas 'in situ', la Agencia Tributaria ha contado con la ayuda de imágenes vía satélite y también de drones pues para localizar obras no declaradas en chalés suele ser la mejor alternativa.

Una vez notificados los propietarios de los inmuebles con obras no declaradas, estos podían realizar alegaciones y Hacienda resolvía. El resultado ha sido un aumento de la cuota íntegra del IBI en «un importe aproximado de 705 millones», además de una recaudación «adicional» en otros impuestos -por ejemplo el IRPF- por 40 millones más. Dado que antes de llegar a la recaudación neta habría que descontar las deducciones autonómicas y locales, el importe extra que llegaría a las arcas públicas rondaría el 95% de las cuotas referidas, entre 705 y 710 millones de euros, lo que supondría el 5,5% de los ingresos anuales por IBI.