Hacienda plantea crear una 'hucha' para costear la sanidad y la educación en tiempos de crisis

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. /Javier Lizón (Efe)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. / Javier Lizón (Efe)

También aboga por armonizar el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones en la reforma de la financiación autonómica

David Valera
DAVID VALERAMadrid

Hacienda y las comunidades autónomas discuten la posibilidad de aprovechar los periodos de crecimiento económico para crear un Fondo de Reserva, es decir, una 'hucha' para costear los servicios básicos del Estado de bienestar -sanidad y educación, principalmente- en tiempos de crisis. Esa es una de las medidas recogidas en el informe remitido este martes por el departamento que dirige Cristóbal Montoro a las comunidades sobre las discusiones del comité técnico de evaluación de la reforma del sistema de financiación autonómico. Unas reuniones que se han mantenido desde el pasado noviembre entre representantes de las comunidades del régimen común -salvo Cataluña que decidió excluirse- y Hacienda.

El documento de 55 páginas abunda en las discrepancia de las distintas regiones y evita en gran parte concretar medidas ni fijar la posición del Gobierno, algo que ha sido criticado por algunas comunidades como Andalucía, al considerar que se trata de una forma de «ganar tiempo» por parte del Ejecutivo.

En cualquier caso, una de las novedades del documento hace referencia a la «posibilidad» de crear ese fondo de reserva para garantizar a las comunidades los recursos suficientes para la «sostenibilidad de los servicios públicos esenciales». Una especie de modelo similar al existente para las pensiones, cuya 'hucha' en tiempos de bonanza llego a alcanzar los 66.000 millones y ahora apenas supera los 8.000 millones tras utilizarse durante la crisis para abonar las pagas extra. Así, se busca dar respuesta a una de las principales quejas de los gobiernos regionales sobre la falta de adecuación entre la financiación que reciben y los servicios que prestan.

En cualquier caso, la creación de ese fondo no es la única opción que Hacienda y las comunidades discuten para asegurar la financiación del Estado de bienestar. El documento recoge que también se ha valorado que los recursos estén ligados a la recaudación tributaria, pero en caso de caídas de los ingresos, los recursos podrían reforzarse «incrementando el porcentaje de capacidad tributaria cedida que se incorpora al fondo de nivelación».

Otro de los puntos claves del nuevo sistema de financiación tiene que ver con una mayor armonización en algunos tributos. En este sentido, Hacienda admite que la posición mayoritaria de las comunidades sobre el Impuesto de Patrimonio es la de mantener esta figura -se prorroga cada año desde el inicio de la crisis- defendiendo una «homogeneización de su base imponible y la simplificación de algunas exenciones y deducciones y bonificaciones de la cuota, así como por el establecimiento de niveles mínimos de tributación que eviten deslocalizaciones fraudulentas».

Con la armonización se pretende evitar la brecha que existe actualmente entre regiones como Madrid, que bonifican el 100% de ese impuesto, y otras comunidades -la mayoría- que no ofrecen ninguna ventaja fiscal. Algo similar ocurre con el Impuesto de Sucesiones y de Donaciones en el que existe consenso sobre la necesidad de «revisarlo», pero Hacienda reconoce que no hay acuerdo sobre la forma de hacerlo.

Reestructuración de la deuda

El Gobierno no se muestra tan partidario de la propuesta del comité de expertos de implantar un tramo autonómico en el IVA o en los Impuestos Especiales -como ocurre en el IRPF-, aunque asegura que la «no previsión de un tramo colegiado» en estos tributos no implica la no consideración de la medida.

El documento tampoco entra en detalles sobre la «reestructuración» de la deuda autonómica contraída con el Estado a través de mecanismos de financiación como el FLA más allá de citar la «conveniencia» de ampliar los plazos de devolución o modificar los tipos de interés.

Tras el envío de este informe, el próximo paso es que las comunidades hagan sus alegaciones de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Gobierno tiene intención de convocar en la última semana de mayo o primera de junio para discutir a fondo el sistema de financiación.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos