Hacienda tendrá los datos de alquileres turísticos cada tres meses

La Agencia Tributaria trabaja con esta idea para que plataformas como Airbnb y HomeAway puedan completar todos los datos de los pisos

R. C.

madrid. Será a través de declaraciones trimestrales el procedimiento con el que las compañías que intermedian en los alquileres de pisos turísticos deberán informar al fisco sobre los datos de los propietarios y los inquilinos de estas viviendas cuya proliferación es cada vez mayor en muchas localidades.

La Agencia Tributaria obtendrá estos datos cada tres meses, según establece el proyecto de orden ministerial de Hacienda, en el que se establecen los requisitos y plazos de la declaración -será el modelo 179- que deberán cumplir compañías como Airbnb, HomeAway, Wimdu Niumba, algunas de las más representativas del sector.

Aunque el texto que regula esta fiscalización no estará en vigor hasta el próximo mes de julio, desde el pasado 1 de enero Hacienda tiene activos los controles sobre el alquiler turístico. De hecho, las plataformas virtuales podrán entregar la información del primer y segundo trimestre hasta el 31 de diciembre. La información relativa a las estancias del tercer trimestre se deben presentar antes del 31 de octubre y las del cuarto trimestre, como muy tarde a finales de enero de 2019, cuando el fisco dispondrá de los datos de todas las pernoctaciones de 2018.

Las compañías deberán incluir en esa declaración la identificación del propietario de la vivienda, el subarrendador -en caso de que lo haya-, los inquilinos, el inmueble -con la referencia catastral-, los días en los que se produce la estancia, el importe cobrado y un número de contrato. Desde Airbnb aclaran que ese decreto «debería respetar las normativas, porque los datos personales están sujetos a las leyes de protección de datos y privacidad muy estrictas».

En Exceltur consideran que la medida del fisco responde al «crecimiento descontrolado del alquiler turístico en un contexto de general opacidad». Por eso, animan a comunidades y ayuntamientos a «reforzar el marco legal» de esta actividad que ha provocado rechazos vecinales.

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