El Gobierno pone en marcha el arbitraje obligatorio para El Prat

Si trabajadores y empresa no acuerdan un mediador en 24 horas lo impondrá el Ejecutivo para que dicte una solución en 10 días

D. VALERA MADRID

El Gobierno aprobó ayer la puesta en marcha del laudo arbitral obligatorio para solucionar el conflicto de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat, en huelga indefinida desde el lunes, con la empresa concesionaria Eulen. Así lo anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al dar un plazo de 24 horas a las partes para que acuerden el nombramiento de un árbitro. En caso contrario, el Ejecutivo impondrá el mediador en las siguientes 24 horas. El objetivo es que la decisión de arbitraje deberá ser resuelta en un plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de designación.Ese dictamen será de obligado cumplimiento para ambas partes.

De la Serna justificó la decisión de recurrir a esta medida poco habitual una vez se ha constatado «el fracaso de la mediación de la Generalitat», cuya propuesta de mejora salarial fue rechazada por los trabajadores. «No hay otro recurso legal para hacer frente a esta situación», señaló tras un Consejo de Ministros extraordinario.

Asimismo, De la Serna explicó que la activación del arbitraje obligatorio se toma teniendo en cuenta la posición «irreconciliable de las partes», así como la «duración prolongada de la huelga» y sus «graves consecuencias» para la economía española. En concreto, resaltó que el conflicto afecta al turismo, una actividad que representa el 11% del PIB, así como a la imagen del país.

Sin embargo, este arbitraje puede provocar que el conflicto se extienda por otros aeropuertos. De hecho, ayer los responsables de UGT en la Comunidad Valenciana advirtieron de que estudiarán convocar una huelga de los vigilantes de los aeropuertos de Valencia y Alicante si se impone esta solución.

El arbitraje obligatorio llega después de que el Gobierno decidiese también reforzar los efectivos de la Guardia Civil en los controles del aeropuerto barcelonés «para garantizar la seguridad y el orden público». En este sentido, De la Serna afirmó que esta medida ha permitido llevar la «normalidad» al aeropuerto «en el más absoluto respeto al derecho de huelga». Algo que no comparten los sindicatos, ya que consideran que se está vulnerando este derecho.

Por otra parte, el ministro de Fomento también anunció que el Gobierno acepta la propuesta realizada por los sindicatos UGT y CC OO de crear un grupo de trabajo sobre la situación laboral de los empleados de la seguridad privada.

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