El Gobierno planea eximir del IRPF a los pensionistas que cobren hasta 17.000 euros

Manifestación en Madrid el pasado sábado que reclamó una mayor revalorización de las pensiones. :: JuanJo Martín / efe/
Manifestación en Madrid el pasado sábado que reclamó una mayor revalorización de las pensiones. :: JuanJo Martín / efe

La medida, anunciada por el vicesecretario del PP Javier Maroto, elevaría la exención de 12.000 euros actuales y beneficiaría a un millón de jubilados

D. VALERA MADRID.

El Gobierno se plantea que los pensionistas que cobren menos de 17.000 euros al año no paguen IRPF. Así lo anunció ayer el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, al explicar que de esta manera el colectivo ganará poder adquisitivo. En la actualidad ya están exentos de esa tributación quienes no llegan a 12.000 euros, lo que exime del impuesto al 63% de los pensionistas, según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Si el aumento de la exención se incluye al final en los Presupuestos se beneficiarían alrededor de 1,1 millones de pensionistas (aquellos que ganan entre 12.000 y 17.000 euros), pero no tendría efectos sobre los 5 millones que cobran una prestación inferior, algo que ya criticó ayer el PSOE al tachar de «insuficiente» la medida. En cualquier caso, este anuncio se suma a otros anteriores y pone en evidencia la dificultad del Ejecutivo para encontrar una respuesta a las multitudinarias manifestaciones que recorrieron el pasado fin de semana las principales ciudades del país exigiendo una mayor revalorización de las pensiones vinculándolas al IPC.

«Mariano Rajoy ha eliminado el IRPF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (equivalente a 12.000 euros anuales). Queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión», señaló Maroto en una entrevista a TVE. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron que todavía no hay nada decidido. De hecho, en las últimas semanas el Ejecutivo ha anunciado distintas propuestas que no ha terminado de detallar, lo que ha acrecentando la sensación de improvisación. Desde Hacienda han elaborado un abanico de posibilidades para aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas que van desde elevar la exención en el IRPF, hasta el impuesto negativo o la revalorización de determinadas prestaciones cumpliendo un determinado criterio. La decisión final se encuentra en manos de Rajoy.

En cualquier caso, la medida de eximir de la tributación del IRPF parece que gana enteros. De hecho, elevar la exención de 12.000 hasta 14.000 euros es una medida pactada con Ciudadanos que afectará a todos los contribuyentes, no sólo a los pensionistas, y que se incluirá en las cuentas públicas que el Gobierno aprobará el 27 de marzo en Consejo de Ministros. Por tanto, se trataría de extender esa fórmula.

Otras medidas

Sin embargo, cabrían otras opciones. Así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace ya varias semanas la posibilidad de aprobar una ayuda fiscal (impuesto negativo) para las personas de mayor edad, aunque no se concretaron los años a partir de los que se podría disfrutar. Sí se planteaba que ese cheque -a imagen y semejanza del implantado para las madres trabajadoras con niños menores de tres años- estaría al margen del nivel de renta e incluso de si el jubilado estaba activo (por ejemplo, un autónomo que compagine un sueldo con la pensión). Pero Rajoy no hizo mención a esta medida en el debate del Congreso sobre las pensiones y sólo habló de «concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas».

A lo que sí se comprometió Rajoy fue a elevar las pensiones mínimas y de viudedad sin detallar la cuantía y vinculándolo a la aprobación de los Presupuestos. En este sentido, Maroto destacó ayer que las medidas para elevar las pensiones mínimas y de viudedad «van tomando cuerpo». En este sentido, el vicesecretario del PP señaló que la subida de las prestaciones de viudedad «va más allá de lo que estaba previsto».

En cualquier caso, sigue sin estar claro si esta medida se refiere al aumento de la base reguladora (sirve para calcular el importe de la pensión) del 52% al 60%, algo que está contemplado desde 2011 para lo que bastaría aprobar un decreto, o se habrá una subida adicional superior al 0,25%. Lo único seguro es que el Gobierno se resiste a dar marcha atrás y vincular de nuevo la revalorización de las prestaciones al IPC.

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