El Gobierno destinará más impuestos a pagar unas pensiones cada vez más bajas

No habrá tributos nuevos pero sí transferencias directas del Estado a la Seguridad Social con carácter finalista

LUCÍA PALACIOS MADRID.

En la actualidad hay unas 16.000 personas en España con más de 100 años. Esto significa que si se han jubilado a los 64 (la edad media de jubilación en 2016), al menos habrán cobrado esta prestación 36 años, precisamente los mismos que hay que trabajar si quieres retirarte a los 65. Pero es que en 2050 los españoles centenarios superarán los 200.000, según las previsiones, que también aseguran que en 2038 habrá 15 millones de pensionistas, casi el doble de los que había en 2007.

Por tanto, no es de extrañar que el gasto marque mes a mes nuevos récords: en noviembre más de 8.800 millones se destinaron a pagar las más de 9,5 millones de pensiones. Pero el gran quebradero de cabeza para la Seguridad Social está en los meses de julio y diciembre, cuando toca abonar también las extras -además de la liquidación del IRPF- y con lo que ingresa por las cotizaciones no tiene suficiente dinero. Y así ha pasado este mes, cuando el sistema ha tenido que dedicar 17.470 millones para estas prestaciones y ha necesitado 7.792 millones de recursos adicionales.

Hasta este año el sistema había ido tirando de los excedentes acumulados en los tiempos de bonanza y que alcanzaron su máximo a principios de 2012, cuando el Fondo de Reserva acumulaba 66.815 millones. Desde entonces, se han dejado en el camino más de 55.000 millones hasta los poco más de 8.000 con que se quedó este viernes pasado, después de retirar 3.500 millones, por lo que a duras penas le llega para otra extra. Para que la denominada 'hucha' de las pensiones no se quedara este mismo año a cero -algo que parece improbable que suceda nunca por la mala prensa que tendría-, el Ejecutivo incluyó un préstamo de 10.192 millones en los Presupuestos de este año para pagar las prestaciones, que este mismo viernes ya agotó.

El PSOE apuesta por un impuesto finalista mientras Podemos quiere gravar las transacciones financieras

La cuestión es que con la 'hucha' tiritando y sin medida alguna para paliar este déficit, desde Moncloa admiten que tendrán que recurrir a un nuevo crédito para 2018, algo que -aseguran- ya está contemplado y no supondrá un problema en el supuesto de que no llegaran a aprobarse los Presupuestos. De momento, al estar prorrogados ya tienen los 10.000 millones que estaban contemplados para 2017, aunque si no se quiere dejar el fondo a cero es probable que necesiten aumentarlo.

Pero no se puede seguir eternamente utilizando estos 'parches'. Por eso, fuentes de Hacienda admiten que encima de la mesa está ya destinar más impuestos para pagar las pensiones. Pero no, en principio no habrá que por qué pagar más, puesto que el Ejecutivo niega en todo momento que estén contemplando crear un nuevo impuesto -como así ha circulado en los últimos días- al estilo del que ya existe en otros países, como en Francia. Lo que sí planea el Gobierno es que se hagan mayores transferencias de los Presupuestos a la Seguridad Social, lo que, evidentemente, sería financiar vía impuestos parte de los gastos que hoy se sufragan mediante las cotizaciones sociales.

Pero, eso sí, fuentes del PP hacen hincapié en que estas transferencias tienen que tener un «carácter finalista», puesto que, de no ser así, se desvirtuaría el sistema. Es decir, habría que delimitar qué es lo que se va a pagar mediante los impuestos recaudados, algo que tendrá que consensuarse dentro del Pacto de Toledo. Así, por ejemplo, se baraja que mediante transferencia se pague la diferencia de cotización del régimen agrario respecto al general (los trabajadores del campo pagan menos pero tienen las mismas prestaciones), o los gastos de personal del sistema, o las deducciones y bonificaciones, para lo que ya parece haber un amplio respaldo por parte de los grupos parlamentarios.

«Estamos hablando de miles de millones de euros», admiten desde el PP, que puntualizan que si a estas transferencias se le suma el crecimiento económico y la recuperación del empleo, «el desequilibrio económico acabará en un periodo relativamente corto». Y eso que la Seguridad Social acumula un déficit de más de 80.000 millones desde 2011, cuando entró en números rojos, un agujero financiero que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió hace unos días que no va a poder reducir este año.

PSOE y Podemos, a favor

La idea de sufragar las pensiones también mediante impuestos es bienvenida por la mayor parte de grupos parlamentarios. Así, la portavoz del grupo socialista en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, celebra que por fin se centre la discusión en cómo mejorar los ingresos y defiende que lo primero que hay que hacer es una reforma fiscal integral (que revise el IRPF de las grandes fortunas y el impuesto de sociedades, entre otros) y si aún así no es suficiente para sufragar el déficit de la Seguridad Social, completar ese gap con un impuesto finalista. «Entendemos que debe ser progresivo y limitado en el tiempo hasta que se acaben los efectos de este déficit que va a haber hasta 2050», recalcó Perea, quien abogó por que vaya en función de la renta.

De igual manera, la portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, Aina Vidal, defiende llevar a cabo una reforma fiscal «en profundidad» y ve «interesante» investigar nuevas vías de financiación a través de impuestos, en especial crear un nuevo gravamen a las transacciones financieras, algo que a «la mayoría de ciudadanos no les influiría en nada». Por su parte, el PDeCAT aboga por incrementos específicos del IVA.

De cualquier forma, este proceso de pagar parte de las pensiones mediante impuestos llevará su tiempo y no podrá llevarse a cabo mientras no exista un consenso en el Pacto de Toledo, que deberá ser quien marque y justifique qué pagos se harán vía transferencias del Estado. No será posible, por tanto, en 2018.

Pero lo que sí es una realidad es que, hasta que no se lleven a cabo cambios en el sistema, las pensiones se seguirán revalorizando el mínimo del 0,25% establecido por ley al menos hasta 2022 -según estima la Airef-, una vez que el Gobierno del PP aprobó el nuevo índice de revalorización que, sumado a la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad, supondrá una importante pérdida de poder adquisitivo tanto para los pensionistas actuales como, sobre todo, para los futuros. Hasta el punto de que, sumados ambos factores, las pensiones podrían rebajarse en torno a un 25% en los próximos diez años, según cálculos de CC OO.

También es verdad que hasta el momento España es de los países de Europa con las pensiones máximas más generosas (2.573 euros al mes) y tiene una de las mayores tasas de sustitución, es decir, que los jubilados cobran de media prácticamente el 80% de su último salario. Pero esto parece que no será así en el futuro y, según augura el profesor del IESE Javier Díaz Giménez, la pensión máxima irá menguando hasta converger con la mínima: «En el futuro el Estado pagará una pensión básica de 1.200 euros».

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