El Gobierno congela la parte fija del recibo de la luz para compensar el alza de precios

Por cuarto año seguido, los peajes -el 60% de la factura- no cambiarán, después de que el coste eléctrico haya subido un 30% en solo ocho meses

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

La luz seguirá subiendo probablemente durante las próximas semanas, a tenor de la sequía y la falta de producción de las energías renovables, pero su reflejo en la factura será algo más limitado con la medida a la que el Gobierno lleva recurriendo desde 2014 para evitar una mayor indignación social ante la cuestión eléctrica: el Ejecutivo mantendrá sin cambios los 'peajes', esto es, la parte regulada del recibo sobre la que puede influir a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

La cuestión no es baladí, porque esos costes fijos representan aproximadamente un 60% de lo que abonan los ciudadanos. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, anticipó ayer que su departamento congelará esos importes en 2018, como ya hizo el año pasado él mismo, siguiendo la estela de su antecesor en el cargo, José Manuel Soria. Su objetivo, tanto entonces como ahora, pasa por ayudar a moderar el incremento de la factura. «Es la parte sobre la que puede actuar el Gobierno», puntualizó el ministro al recordar que el resto del recibo depende, entre otros factores, del precio de las materias primas como el petróleo o el gas, así como de la evolución meteorológica: cuanto más llueva y más viento haga, más se pueden usar las plantas hidroeléctricas y eólicas, que son las que abaratan los costes.

Dentro del complejo entramado de la factura de la luz, los 'peajes' son las retribuciones designadas al transporte -de las centrales a los puntos de alta tensión-, la distribución -el reparto de energía hasta cada vivienda o empresa-, la insularidad -para compensar el gasto de llevar la luz a Canarias sin que ello repercuta en el precio que allí se abona-, o las primas a las energías renovables. Para el ejercicio en vigor, el importe medio del peaje de acceso es de 0,044 euros por cada kilovatio/hora (Kwh).

El otro 40% de la factura depende exclusivamente del coste de la energía -ya sea el precio regulado PVPC o la tarifa pactada con la correspondiente eléctrica-, además de los impuestos (IVA y tributos eléctricos). En estas partidas, el Gobierno también tiene la capacidad de influir, aunque de modo más limitado. En la parte tributaria, porque depende de la normativa europea que afecta al IVA. Y en la relativa a los costes de producción, que se negocian diariamente en el mercado -'pool'-, los responsables energéticos han reconocido recientemente que, aunque pueden tomar algunas medidas de contención -la puesta en marcha de un creador de mercado de gas, por ejemplo-, también se encuentra atado de pies y manos por la normativa comunitaria que define el funcionamiento del 'pool'.

Ante la falta de lluvias y de viento que activen con fuerza sus respectivas centrales, son las plantas de carbón, las de ciclos combinados -funcionan a través de gas- y las nucleares las que ayudan a respaldar la demanda actual. Por eso, hasta octubre -el dato del último mes completo disponible- el coste de generación se ha incrementado más de un 30% frente al mínimo de 2017, registrado el pasado mes de marzo. En lo que va de noviembre, ese precio ha vuelto a subir otro 2% con respecto al mes anterior.

La luz no ha parado de encarecerse, a medida que la actividad de los pantanos y los molinos se ha ido reduciendo. En el primer caso, la producción hidroeléctrica apenas representa un 7,6% del total, la mitad de lo que suponía hace ahora un año. En el campo eólico, aunque su aportación se mantiene cerca del 19%, no es suficiente para hacer frente a las necesidades de un sistema que tira de ciclos y carbón para sostenerse.

Cierre de térmicas y ciclos

En este sentido, Nadal recordó ayer en el Senado que si se cierran las plantas térmicas, el precio de la luz subiría un 40%. Y acusó a la oposición de lanzar «mensajes de color de rosa que al final pagaría el consumidor, la competitividad industrial y los puestos de trabajo».

Se refería así a la petición de Iberdrola de cerrar las dos plantas de carbón que tiene abiertas en España, una medida que el ministerio solo aprobará si cumple con la seguridad del suministro y no afecta de forma determinante al precio. Nadal también ha confirmado que otras compañías eléctricas están ya solicitándole no solo el cierre de centrales nucleares o de carbón, sino también de ciclos combinados de gas.

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