El Gobierno avisa: implantar la renta mínima elevaría un 20% los impuestos

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. :: Pedro Puente Hoyos / efe/
El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. :: Pedro Puente Hoyos / efe

El secretario de Estado de Presupuestos advierte de que «quebraría la Hacienda pública» y cifra su coste entre 15.000 y 20.000 millones

LUCÍA PALACIOS MADRID.

Desde el principio el Gobierno se ha mostrado contrario a la propuesta de CC OO y UGT de implantar una renta mínima garantizada en España, que supondría 430 euros al mes para los parados que hayan agotado su prestación. De hecho, el PP, junto con Ciudadanos, bloqueó lo que se convirtió luego en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hasta en 19 ocasiones para que no llegara a debatirse en la mesa del Congreso, aunque sin éxito.

Ayer se opuso todavía con mayor rotundidad si cabe. Y lo hizo a través del secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja, donde se está abordando esta proposición de ley.

«Supondría la quiebra de la Hacienda pública española», repitió en varias ocasiones Alberto Nadal, quien resaltó que su coste es «extremadamente elevado». Y es que, según sus datos, aumentaría alrededor de un 20% los impuestos de los españoles y podría poner en peligro la reducción del déficit y deuda públicos.

Nadal estimó que el coste de establecer esta nueva prestación -que sería no contributiva y que se pagaría mediante una partida de los Presupuestos del Estado- oscilaría entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, en la línea de lo que otros expertos han dicho anteriormente, como el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), el economista José Luis Escrivá, que lo cifró en unos 15.000 millones.

Frente a ello, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CC O, Carlos Bravo, redujo ayer esa cifra final potencial de 9.931 millones si se hubiera implantado este mismo año (menos de un punto porcentual del PIB). Y si se le descontara la parte de los ingresos por IVA que recaudaría Hacienda por el mayor consumo, el coste bajaría a 8.409 millones

De cualquier forma, «esto tendría un enorme impacto en el gasto público español», dijo Nadal, ya que aumentaría el déficit hasta un 1,5% sobre el PIB. «De llegar al BOE tal y como se plantea en su fase inicial, y sin tener en cuenta las enmiendas presentadas, produciría la quiebra de la Hacienda Pública española», destacó, ya que tendría un coste de entre el 1,5% y el 2% del PIB.

El «efecto llamada»

Y eso que el secretario de Estado advirtió de que esos cálculos están realizados teniendo en cuenta los datos de población constante. Esto es, habría que estimar que ese coste podría multiplicarse por dos o tres, dado que argumentó que al no exigir requisitos de una permanencia mínima en el país como residente -más allá de tener entre 18 y 65 años y una renta inferior al 75% del SMI, condiciones generales- generaría un «efecto llamada importante» para los ciudadanos de otros países de la UE que cuenten con un sistema de protección más restrictivo.

Para afrontar un gasto de unos 15.000 millones de euros, Nadal dio por seguro que habría que subir el tipo general del IVA en hasta seis puntos hasta el 27% o bien en tres puntos los tres tipos actuales, incluido el de los bienes de primera necesidad. Además, haría falta elevar el IRPF una media del 20%, «una subida impositiva de un nivel tal, que volveríamos a los peores años de la crisis económica», auguró.

Así, estimó que supondría duplicar el volumen total de los recursos públicos que se destinan a la protección social y que cifró en 8.400 millones, lo que representa un 0,75% del PIB y se sitúa -a su juicio- en la media europea. Y es más, precisó que si se incluyeran las pensiones no contributivas y los complementos de mínimos, el gasto preciso para esa renta alcanzaría los 20.000 millones, el equivalente al 2% del PIB.

«Todo nuestro sistema público de pensiones, todo nuestro sistema de bienestar se vería en peligro, porque quienes pagan las contribuciones son los cotizantes», sentenció, para puntualizar de nuevo que supondría la destrucción masiva de empleo, la contracción del PIB y la quiebra de la economía.

El secretario de Estado cargó en diferentes momentos de su intervención contra esta prestación de ingresos mínimos -compatible con todas las anteriores que hay- porque no exige edad, ni haber participado en el mercado laboral, ni tampoco actividad complementaria, lo que puede generar también «un efecto desincentivo». Además, apuntó a que se inclina más por la competencia autonómica que estatal.

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