El Gobierno aprueba el derecho a tener una cuenta bancaria básica

Economía fijará el cobro de una comisión máxima para estos servicios mínimos como un depósito, transferencias o retirada de efectivo

D. VALERA MADRID.

Tener una cuenta bancaria será un derecho de todos los ciudadanos. Esa es la consecuencia del decreto sobre cuentas de pago básicas aprobado ayer por el Gobierno y que permitirá el acceso universal a este servicio financiero. Toda persona podrá realizar depósitos, retirada de efectivo, domiciliación de recibos, transferencias y una tarjeta de débito. Esta medida responde a una directiva europea que debía haberse adaptado a la legislación española hace un año. Un retraso que fuentes del Ministerio de Economía achacaron al «tiempo perdido» por estar en funciones a pesar de que la normativa se aprobó en Europa en 2014.

En cualquier caso, el decreto garantiza a todos los residentes, independientemente de su nivel económico, el derecho a abrir una cuenta de pago. También tendrán este acceso los demandantes de asilo o a aquellas personas que no residan legalmente en España, pero no se les pueda expulsar. Es decir, los bancos no podrán rechazar a ningún cliente. La única salvedad será si no facilitan los datos suficientes para evitar el riesgo de blanqueo de capitales o por motivos de orden público.

Eso sí, estas cuentas básicas podrán estarán sujetas a comisiones por parte de las entidades financieras. Para evitar abusos, el Ministerio de Economía fijará mediante una orden ministerial unas comisiones máximas por estos servicios. Para establecer este tope se tendrá en cuenta las comisiones medias que ya se cobran en el mercado, según explicaron fuentes del departamento de Luis de Guindos. Además, la norma contempla que los bancos tengan que informar a los clientes mediante un documento anual y gratuito de las comisiones cobradas.

Asimismo, el decreto establece que el Banco de España realizará un comparador de comisiones por estos servicios de pago. Es decir, por mantenimiento de cuenta, transferencia... pero no se incluirán comisiones por otras causas como las comisiones hipotecarias, por ejemplo. Además, las empresas privadas que realicen comparadores sobre las comisiones de pago serán supervisados por el Banco de España, algo que hasta ahora no ocurría. De esta forma, deberán demostrar que la información que ofrecen es veraz e independiente y para ello deberán indicar quiénes son sus propietarios. Sin embargo, las compañías que realicen comparaciones de otras comisiones quedarán al margen de la supervisión.

Por otra parte, el Gobierno también aprobó un decreto sobre información no financiera que también es la trasposición con retraso de una directiva europea. La medida afecta a las empresas grandes (más 500 empleados, con activos superiores a 20 millones y una facturación de más 40 millones euros). Estas compañías deberán publicar información sobre cómo afecta su actividad a cuestiones medioambientales y sociales.

Además, también obliga a que expliquen su política de diversidad a la hora de seleccionar a los miembros de su consejo de administración. Una medida que busca potenciar la presencia de las mujeres en esos órganos de dirección.

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