El Gobierno se ahorra 1.500 millones al subir las pensiones solo un 0,25%

Un grupo de jubilados, en un parque de Burgos. :: césar manso / afp/
Un grupo de jubilados, en un parque de Burgos. :: césar manso / afp

UGT denuncia que el Estado solo emplea 313 millones para revalorizar estas prestaciones, pero destina 2.000 millones a rescatar las autopistas

MADRID.

Salvo imprevisto de última hora, algo que parece totalmente improbable, los pensionistas tendrán que conformarse en 2018 con la revalorización mínima del 0,25%, tal y como el Gobierno ya comunicó a Bruselas en el Plan Presupuestario para 2018 que le remitió el pasado mes de octubre. Esto significa que por segundo año consecutivo los mayores perderán poder adquisitivo y todo para ahorrarse poco más de 1.500 millones de euros, tal y como denuncia UGT después de haber hecho cálculos de lo que supondría elevar estas prestaciones según la inflación prevista.

El Estado presupuestó para 2017 un gasto total para pensiones de 125.263 millones de euros, de los cuales 122.777 se destinan a pagar las contributivas: 86.808 millones van para las de jubilación; 12.463, para las de incapacidad, y 21.369, para las de viudedad. Otros 301 millones se dirigen a las prestaciones en favor de familiares. Por lo que respecta a las pensiones no contributivas de vejez e invalidez, se dedican para este año 2.320 millones, a los que habría que sumar otros 165 millones de la gestión transferida a País Vasco y Navarra.

Revalorizar estas prestaciones un 0,25% supondrá para las arcas del Estado un gasto extra de 313,2 millones de euros, según los datos aportados por la organización sindical, que denuncia que si las pensiones se incrementaran según la inflación prevista (que el Gobierno ha estimado en su informe a la Comisión Europea en un 1,5%) ascendería a 1.878 millones.

«Para UGT es absolutamente intolerable que el Gobierno siga con la política de recorte de las pensiones de manera no declarada», sostiene Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de esta organización, que denuncia además que con el copago farmacéutico que el PP impuso a los pensionistas, el Estado ingresa 1.000 millones, por lo que «financia la ridícula subida de las pensiones cada año y todavía le sobra dinero». Y eso mientras -según sus datos- hasta 400.000 mayores tuvieron que abandonar sus tratamientos médicos por no tener dinero para hacer frente al «dichoso copago». El sindicato critica que, mientras escatima 1.500 millones de los bolsillos de los pensionistas, no tiene problema en rescatar las autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores por 2.000 millones, tal y como recogió en el plan presupuestario.

Y mientras tanto, los pensionistas verán por quinto año consecutivo subir su nómina un 0,25%, lo que supone apenas 2,3 euros más al mes para la pensión media, que en septiembre se situó en 925 euros, o 1,62 euros más para la pensión más habitual, que UGT cifra en 650 euros. Por lo que, tanto el año pasado como este perderán poder adquisitivo, pues la inflación terminó 2016 en un 1,6% y en noviembre se situó en un 1,7%. Casi un 3% menos de capacidad de compra en estos dos años.

En 2013 fue la última vez que estas prestaciones tuvieron un incremento mayor: un 2% para las inferiores a 1.000 euros y un 1% para las que superaban esta cantidad. Porque la reforma de las pensiones aprobada aquel año estableció que estas prestaciones ya no se actualizarían en función de la evolución de la inflación, sino según el llamado 'índice de revalorización', que fija una subida mínima del 0,25% y una máxima del IPC más 0,5 puntos. Pero para que se revaloricen más del 0,25% hace falta que los ingresos de la Seguridad Social sean mayores que el aumento de los gastos, algo que, con un déficit acumulado de más de 80.000 millones desde 2011, parece difícil ahora.

Un déficit «engordado»

A este respecto, UGT acusa al Gobierno de «forzar» el actual déficit de la Seguridad Social. «Nos vende una situación de insostenibilidad del sistema que no es real, solo para que se fomenten los sistemas privados de pensiones», sostiene Barrera, quien exige al Ejecutivo que deje de conceder créditos para pagar las pensiones -en 2017 otorgó al sistema uno de más de 10.000 millones y otro tanto hará para 2018- y pague las pensiones mediante transferencias directas de los presupuestos, algo que sí está ya encima de la mesa del Gobierno, tal y como adelantó hace unos días este periódico. Fuentes del PP explicaron que la idea es financiar parte de los gastos de la Seguridad Social vía impuestos y para ello quieren que dentro del Pacto de Toledo definan qué es lo que se puede pagar mediante transferencia directa.

Sin embargo, salvo que haya medidas como éstas u otras, la previsión de la Airef es que los pensionistas perderán hasta un 15% de poder adquisitivo en diez años.

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