Fomento sacará un máximo de 1.000 millones por las autopistas de peaje

En febrero comenzará el rescate de las nueve en quiebra, que volverán a licitarse este año con un desfase mínimo de 1.000 millones

J. A. BRAVO

madrid. Al menos 1.000 millones de euros costará a las arcas públicas el polémico rescate de las nueve autopistas de peaje en riesgo de quiebra, que comenzará en febrero con la asunción de una de las vías radiales de Madrid, la R4. Y eso en el mejor de los horizontes que se plantea el Gobierno, que prevé ingresar como mucho esa misma cifra -frente a un mínimo de 700 millones- por volver a licitarlas en 2018 -en dos lotes y por un período máximo de 25 años- y pagar por su control «algo más» de 2.000 millones, según anunció a Bruselas.

«Las cifras finales, no obstante, aún no están decididas», apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Fomento, responsable de este proceso a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa). Esta asumirá el control temporal de esas vías y se subrogará de sus contratos principales -fundamentalmente, los 700 empleados que suman-, prescindiendo del resto relativos a la prestación de servicios jurídicos y otros.

Según el departamento de Iñigo de la Serna, en marzo se recuperarán la mayoría de esas concesiones conforme se aprueben en los juzgados mercantiles sus convenios de acreedores. En la autopista Madrid-Toledo (AP-41) los trámites van bastante más lentos, aunque en el Ministerio insisten en que la idea es adjudicar todas este año.

Si fuera necesario, llegaría a anular la concesión anterior antes de finalizar el trámite concursal. Y es que esta vez parece que el Ejecutivo no quiere más demoras, e incluso descarta que el retraso en aprobar los nuevos Presupuestos del Estado para 2018 pueda penalizarles.

A partir de la fecha de rescate de cada autopista empezará a contar el plazo máximo de seis meses para que el Gobierno fije la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), esto es, la compensación a las concesionarias actuales por recuperarlas antes de tiempo.

Estas empresas elevan ese coste por encima de los 3.000 millones, pero en Fomento no adelantan estimaciones. A ello se sumaría el coste de los préstamos participativos que el Estado les concedió en la etapa de Rodríguez Zapatero (unos 550 millones), aunque se les restarían las expropiaciones abonadas por la Administración. Además, se ingresarán más de 300 millones por las fianzas de esas concesionarias, aunque la mayoría de la deuda está en manos de bancos y fondos 'buitre'.

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