Hacienda detecta a 136.600 propietarios con alquileres turísticos y reclama que tributen

Una mujer pasa frente a una inmobiliaria./R. Gutiérrez
Una mujer pasa frente a una inmobiliaria. / R. Gutiérrez

En su campaña contra el fraude, el control de la actividad derivada de plataformas online como Airbnb es prioritario

David Valera
DAVID VALERAMadrid

Ya lo advirtió en el año 2015. El fraude en la declaración de rentas obtenidas por el alquiler de apartamentos turísticos a través de plataformas digitales como Airbnb iba a ser controlado muy de cerca. Tanto que Hacienda comenzaría a vigilar los anuncios puestos en internet y a enviar avisos directos a los propietarios. Se convirtió así en uno de los objetivos prioritarios del plan antifraude de la Agencia Tributaria. Dos años después, las medidas han dado sus frutos.

Según los datos aportados por la Agencia Tributaria, en 2017 136.600 contribuyentes recibieron avisos en los que eran advertidos de que el fisco había detectado que tenían un inmueble en una de esas plataformas colaborativas para recordarles que debían tributar por estas rentas, que tributan de forma diferente que el alquiler no vacacional. Con estas reclamaciones, Hacienda obtuvo 522 millones en alquileres.

Estos avisos no son los primeros que reciben propietarios de apartamentos en alquiler. En el año 2015 comenzó Hacienda a enviarlos. Versaban: «De acuerdo con los datos de que dispone al Agencia Tributaria usted ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido internet. Le recordamos que, en caso de haber percibido rentas por alquiler, deben de incluirse en la declaración».

Desde entonces, se han multiplicado exponencialmente. En 2016 fueron 21.500 los avisos emitidos. En lo que a recaudación se refiere, el incremento ha sido del 40%.

Las plataformas

La preocupación por los beneficios obtenidos con esta actividad, a los que Hacienda tenía difícil acceso, llevó al Gobierno a tomar medidas para implicar a las plataformas digitales en la lucha contra el fraude. Así, en diciembre del pasado 2017, el Consejo de Ministros aprobó una normativa en la que se obligaba a los intermediarios de estos arrendamientos, las denominadas «plataformas colaborativas», a identificar a los cesionarios y cedentes de los apartamentos con fines turísticos, así como de la vivienda cedida y el importe por el que se ha cedido. Una información que deberán remitir a Hacienda.

El Gobierno no detalló entonces la manera en que se llevará a cabo esta nueva obligación de información, ya que se desarrollará en una orden ministerial. Sin embargo, en el borrador del decreto que fue sometido a audiencia pública se establecía que esa declaración informativa sería mediante un formulario que debería contener el «titular de la vivienda alquilada con fines turísticos» así como la identificación de las personas «cesionarias» y el «número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos» y su importe.

El volumen de negocio que se mueve con esta modalidad de alquiler en España es muy abultado. Hizo saltar las alarmas en el sector turístico tradicional por la trasformación que estaba experimentando el mercado y, posteriormente, la preocupación llegó al Ministerio de Hacienda.

Según el informe elaborado por la patronal Exceltur en 2015, el primero que se elaboraba sobre la material, desde el año 2011, el número de viajeros que optaba por la modalidad de alquiler en apartamentos buscados a través de plataformas online había crecido un 60%, hasta suponer 7,5 millones de turistas en 2014 (España recibió 65 millones de turistas en total ese año). Una elección motivada por el menor precio de este tipo de apartamentos respecto a los hoteles o pensiones tradicionales. El estudio contabiliza 2,7 millones de plazas en viviendas de alquiler de las que un millón están gestionadas por plataformas online como Airbnb (287.236 plazas) o Homeaway (249.711). Esto significa que el 48% de la oferta de alojamiento turístico urbano ya son viviendas comercializadas por estas compañías online.

Desde Exceltur recordaron que la falta de tributación es una de las causas de que estas plataformas puedan ofrecer unos precios más económicos. Así, el citado estudio cifraba en 800 millones la cantidad que el Estado dejaba de percibir porque los propietarios no declaraban esta actividad. Según sus estimaciones si este negocio saliese de la economía sumergida se podrían recaudar 367 millones de euros adicionales por IVA y 432 millones por IRPF.

Por ahora, en dos años de ofensiva, la realidad ha superado los cálculos más pesimistas: ya se han recaudado 522 millones en alquileres.

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