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Las ayudas de la Diputación al pago del IBI se otorgaron el año pasado y no han continuado en 2015.
Miles de contribuyentes de Málaga, forzados a hacer la declaración por recibir ayudas públicas

Miles de contribuyentes de Málaga, forzados a hacer la declaración por recibir ayudas públicas

Una orden ministerial de septiembre obliga a todas las administraciones a informar a Hacienda de las subvenciones que otorgan, sea cual sea su importe

Jesús Hinojosa

Jueves, 21 de mayo 2015, 08:29

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Miles de contribuyentes de la provincia que están en la creencia de que no tienen que presentar la declaración de la renta por sus condiciones y nivel de ingresos se pueden encontrar con la sorpresa de recibir una sanción de Hacienda por no haberla hecho. Desde el pasado mes de septiembre está en vigor una orden del Ministerio de Hacienda por la que todas las administraciones públicas están obligadas a trasladarle los listados de las personas o entidades a las que hayan concedido subvenciones o ayudas, cualquiera que sea su importe. En teoría podrían entrar aquí todo tipo de bonificaciones para impuestos, tasas o precios por hacer uso de un servicio o bien público.

¿Qué significa esto? Que Hacienda puede saber de primera mano quién ha recibido ayudas por parte de las administraciones públicas, aunque los beneficiarios no lo comuniquen, y por tanto conocer quiénes están en la obligación de presentar la declaración de la renta por el hecho de percibir estas subvenciones.

Según explicó el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, obtener una subvención o bonificación pública afecta al cómputo de las ganancias patrimoniales de los contribuyentes. Si esa ayuda, sumada a la renta del trabajo, la renta por actividad económica y la renta del capital, supera los mil euros anuales, la persona en cuestión está obligada a hacer la declaración aunque sus ingresos, descontado el importe de la bonificación, no alcancen el nivel para tener que realizarla.

Esta premisa está en vigor desde hace años, pero la mayoría de los contribuyentes la desconocen o incumplen, y Hacienda no tenía los mecanismos necesarios para controlar quiénes eran los beneficiarios de las ayudas concedidas por parte de las administraciones públicas. Desde el pasado septiembre, la citada orden ministerial las obliga a informar de los nombres, apellidos y datos de los perceptores de las subvenciones que conceden, por lo que resulta complicado para sus perceptores eludir sus deberes tributarios.

Bonificados sin haberlo pedido

  • Uno de los aspectos más llamativos del paquete de ayudas al IBI concedido el año pasado por la Diputación Provincial, y que no ha vuelto a repetirse este año, es que se otorgaron a toda la población que entraba dentro de los requisitos establecidos por el ente supramunicipal, sin consultarle a los beneficiarios y sin que estos tuvieran que haberlo pedido. Para lo bueno y para lo malo, ahora tienen que asumir los efectos de unas ayudas que no solicitaron.

  • El gerente del Patronato de Recaudación Provincial, Luis Díaz, afirmó que «se dada la posibilidad de renunciar» a las bonificaciones, si bien reconoció que ello solo venía expresado en las bases que rigieron la concesión de estas ayudas y que sus receptores solo recibían un escrito en el que se les comunicaba el importe descontado de la cuota del impuesto. «Estábamos en la creencia de que nadie iba a renunciar a esta bonificación», confesó Díaz, quien apuntó que, aunque la obligación de declarar las ayudas era anterior, la orden ministerial que facilita su detección a efectos tributarios no entró en vigor hasta septiembre, cuando estas subvenciones ya estaban concedidas.

  • Los grupos de la oposición en la Diputación, PSOE e IU, criticaron ayer especialmente la situación creada. El portavoz socialista, Francisco Conejo, lamentó que miles de familias malagueñas estén sufriendo este «caos fiscal que ha generado el PP en la provincia». Por su parte, la portavoz de IU, Toni Morillas, dijo que se trata de «una bonificación fullera que va a causar enormes perjuicios».

Según los responsables de la Diputación Provincial, esta situación es la que explica que algunos de los más de cien mil beneficiarios de las ayudas al IBI que el ente supramunicipal concedió el año pasado se vean ahora obligados a presentar la declaración de la renta por el mero hecho de haber percibido esta subvención concedida a la globalidad de las personas que reunían los requisitos para recibirla sin que lo solicitaran expresamente aunque su importe sea muy reducido. Basta con que sumada al resto de rentas superen los mil euros anuales de ganancias para que tengan que dar cuentas a Hacienda, según las explicaciones del secretario general de Gestha, quien recordó la postura del sindicato en el sentido de que estas ayudas públicas «no deberían tributar». Además, apuntó que «sería deseable» que no se sancionara a las personas que no presenten la declaración y que se encuentren en esta situación, ya que puede que ello responda a su desconocimiento de la obligación que tienen.

Las consecuencias económicas para estos casos no reside solo en que tengan que declarar las ayudas públicas que reciben, sino en que tienen que tributar por el total de su renta, cosa que no sucedería en el caso de que no percibieran las subvenciones. Según Mollinedo, lo más probable es que les salga a pagar a partir de unos ingresos de unos 13.000 ó 14.000 euros.

El gerente del Patronato de Recaudación Provincial, Luis Díaz, reconoció que los casos que se están registrando de ciudadanos de la provincia beneficiarios de las ayudas al IBI de la Diputación el año pasado que se ven en la obligación de presentar la declaración de la renta por ello, sin que tuvieran que hacerlo por su nivel de ingresos descontada la bonificación provincial, es precisamente porque esta institución ha trasladado a Hacienda el listado de sus receptores, que corresponden a unas 96.000 viviendas.

Díaz no supo precisar cuántas personas se pueden ver en la situación de tener que hacer la declaración por haber recibido la ayuda de la Diputación, y anunció que los técnicos del Patronato están analizando las posibles fórmulas para que «dentro de la legalidad, algunas puedan renunciar a estas bonificaciones si ello les facilita no tener la obligación de hacer la declaración».

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