La Fiscalía pide investigar a Ron y Saracho por el declive que llevó a la ruina al Popular

Los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, en sendas juntas de accionistas del banco. :: EFE

Anticorrupción insta al juez a actuar contra la antigua cúpula del banco sobre la que ya recaen tres decenas de querellas de miles de perjudicados

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

Los últimos meses de vida del Banco Popular no fueron precisamente un camino de rosas para los pilares financieros de la entidad, que vio peligrar su futuro abocándose a un rescate 'in extremis'. Y puede que se convierta en una pesadilla judicial para los dos últimos presidentes de la corporación y sus consejos de administración. La Fiscalía Anticorrupción ha dado el primer paso instando al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a que admita a trámite las querellas que los afectados por la resolución de la entidad han ido presentando desde su rescate, dirigidas contra los dos últimos presidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho.

La actuación del Ministerio Público se enmarca en un contexto en el que la Audiencia Nacional ha recibido numerosas demandas de perjudicados que perdieron sus inversiones en el banco tras diluirse el valor de las acciones del Popular y el de su deuda, tras su adquisición por parte del Santander. En concreto, se han presentado aproximadamente una treintena de querellas por la liquidación del banco.

Sin este informe de la Fiscalía, el juez no podía iniciar las actuaciones para comenzar las diligencias relativas a esas querellas, aunque la petición realizada por la acusación pública no asegura que así lo vaya a hacer. De hecho, el propio magistrado no había solicitado hasta ahora -han transcurrido casi cuatro meses desde el rescate del banco- su parecer a la Fiscalía, un paso necesario para iniciar la causa, si lo hay. Precisamente Andreu es el juez encargado de instruir otro caso bancario, el de la salida a Bolsa de Bankia. En mayo acordó el procesamiento de 32 imputados, entre los que se encontraban el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, así como otros consejeros, vocales y administradores del grupo financiero entre 2010 y 2011.

El juez Andreu, encargado del caso, es el mismo que ha sentado en el banquillo a Rato por el caso BankiaEn los seis últimos meses, perdió 18.500 millones en depósitos y se desplomó un 70% en Bolsa

A partir de ahora se abre un campo de incógnitas sobre el futuro judicial de Ron y Saracho, apuntados por miles de afectados agrupados en las demandas presentadas desde el 7 de junio. Entre las que aglutinan a un mayor número de perjudicados se encuentra la de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) -la primera en llegar a la Audiencia Nacional- contra Ángel Ron, su último consejero delegado Pedro Larena, el que fuera su vicepresidente y la firma auditora PwC, por falsedad contable y estafa al inversor. Por su parte, el despacho Cremades & Calvo Sotelo también amplió con una querella la denuncia presentada contra Saracho por presunta administración desleal.

Ron, que fue presidente del Popular hasta el pasado mes de febrero, ha sostenido que la entidad era solvente cuando él abandonó el cargo, a pesar de que el banco tuvo que realizar una ampliación de capital por 2.500 millones en junio del año pasado para reforzar su capital. Fue la última operación de este tipo tras una ristra de ampliaciones materializadas desde 2011.

Por su parte, Saracho ya advirtió en su primera intervención como presidente ante la junta de accionistas del Popular en abril que la corporación tendría que ampliar capital o bien optar por buscar un comprador. Sus palabras, y las dudas en torno al futuro del grupo en las siguientes semanas, derivaron en una espiral de drenaje de depósitos y debacle de su cotización, que ya se venía registrando desde principios de año con Ron en la dirección. En el primer semestre de 2017 los clientes retiraron 18.552 millones de euros en ahorros y su cotización bursátil cayó un 70%.

Las instituciones se salvan

Lo que la Fiscalía también ha dejado claro es que no ha aceptado la posible responsabilidad de las instituciones públicas que protagonizaron la operación de venta del Popular: el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta decisión revela por dónde pueden discurrir las demandas que otros tantos perjudicados por el rescate han presentado contra los organismos que decidieron la liquidación del Popular y su posterior venta: la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), encargado de la ejecución.

Numerosos inversores del banco han ido demandando a la JUR para obligar al organismo a publicar el informe de Deloitte que sirvió de base para la operación y que atribuía un valor negativo al Popular de entre 2.000 y 8.000 millones. Además, algunos grupos de grandes accionistas también han actuado contra los organismos oficiales que intervinieron en el rescate, como el grupo chileno Luksic -tenía un 3,4% del capital- o el mexicano Antonio del Valle, con un 4,2% del total.

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