La Fiscalía acusa a Jaime Botín de defraudar un millón con su avión

Cree que el exbanquero y tres socios hicieron un «montaje puramente artificial» para simular que su base era Portugal y no pagar impuestos

J. A. BRAVO

madrid. Al exbanquero Jaime Botín se le acumulan los problemas con la justicia. A principios de junio un Juzgado de Pozuelo entendía que hay indicios suficientes para sentarle en el banquillo de los acusados por un delito de contrabando -habría sacado de España un cuadro de Picasso cuya exportación estaba prohibida- y ahora la Fiscalía se ha querellado contra él y tres socios por un delito fiscal. Según el Ministerio Público, el financiero se habría valido de esas personas para deslocalizar «de forma artificiosa» la matriculación de su avión particular, haciendo ver que tendría su base en el aeropuerto portugués de Cascais cuando, en realidad, operaba habitualmente desde Torrejón (Madrid). Así ocurrió entre julio de 2012 y agosto de 2014, hasta que se traspasó a un tercero.

Para la Fiscalía de Madrid, el avión lo había adquirido en 2012 la sociedad instrumental World Tour por 10,7 millones de dólares (9,2 millones de euros hoy). Sin embargo, «se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sainz de Sautuola y su círculo familiar y social».

De hecho, en la querella se señala que «el contrato establecía que la aeronave debía de disponer de certificación comercial expedida en España» y que la entrega se haría en Madrid. Dado que la matriculación del avión estaba sujeta aquí al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ello implicaba que World Tour (propiedad de Botín y de la que se constituyó un 'gemela' portuguesa) debía ingresar a Hacienda 1.014.298 euros.

A fin de eludirlo Botín hizo «este montaje puramente artificial», según la Fiscalía, para simular que el avión operaría desde territorio luso, realizando una cesión ficticia a una aerolínea de ese país que luego se lo prestaría a una española. En este cruce societario el querellado envió fondos al extranjero que no habría declarado. Todo «estuvo preordenado a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación posterior», concluye la querella.

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