La excúpula de Catalunya Caixa se escuda en el Banco de España y el FROB

Narcís Serra afirma que el supervisor conocía «todas» sus inversiones en 'ladrillo' y que al dar activos al 'banco malo' aumentaron su agujero

J. A. BRAVO MADRID.

El culpable, el encargado de vigilar el sector porque nunca les advirtió de que estuvieran haciendo algo irregular o metiendo en un verdadero problema financiero a la entidad. Es la tesis que ayer sostuvieron en la Audiencia Nacional los tres principales miembros de la antigua cúpula de Catalunya Caixa (fruto de la fusión de Caixa Manresa, Caixa Tarragona y Caixa Catalunya), investigada por un presunto delito de administración desleal que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a quince de sus ex altos cargos.

El meollo son 32 operaciones investigadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se hizo cargo de la entidad catalana en 2011 tras rescatarla con 13.221 millones de euros. El resultado de su análisis fue que parte de las mismas presentaban un «claro riesgo para la inversión» realizada, sobre todo por la falta de controles previos y también de garantías en caso de que fracasasen. Como consecuencia de ello se ocasionó un agujero de 720 millones entre 2000 y 2007.

La ronda de declaraciones la abrieron su expresidente Narcís Serra, un antiguo político metido a financiero, junto a los dos directores generales que tuvo, primero José María Loza y luego Adolf Todó. Y su versión parecía bien estudiada, pues no hubo discrepancia aparente entre ellos, según fuentes jurídicas.

La estrategia de defensa compartida por los tres se asemeja a la que mantiene la antigua dirección de Bankia, que será juzgada por falsear parte de su información financiera antes de salir a Bolsa. Esto es, «todas» las operaciones que realizaron eran conocidas por el Banco de España, que en esos años estuvo dirigido primero por Jaime Caruana y luego por Miguel Ángel Fernández Ordóñez (desde 2006). De hecho, según los tres, incluso se llegó a «consensuar» la entrada de la caja catalana en inversiones de 'ladrillo'.

También coincidieron en que se respetó la normativa interna de la entidad y «todas las operaciones pasaron los resortes de control». Eso sí, admitieron que algunas resultaron «fallidas» pero le restaron importancia al ser poco más de una de cada veinte, sobre un total de entre 650 y 700 operaciones. Y entre las «exitosas», destacaron que dieron casi 3.000 millones a la caja.

Serra, que llegó a ser vicepresidente en la etapa de gobierno de Felipe González y ministro de Defensa, defendió que sus socios inmobiliarios eran «fiables». Pero la Fiscalía estima justo lo contrario. Según su querella, a la que el juez Ismael Moreno concede verosimilitud suficiente para haber abierto esta causa penal, la treintena de operaciones sospechosas no reunían garantías de viabilidad, además de estar condicionadas en su mayoría a trámites urbanísticos de suerte «incierta» y resultar «desmedidos» gran parte de los créditos concedidos.

Anticorrupción, de hecho, denuncia «notables irregularidades» en esas actuaciones, como la ausencia de informes de valoración independientes y estudios sobre «la solvencia y la capacidad» de tales socios. Sin embargo, para Serra -quien dijo salir «aún más tranquilo» tras su declaración-, Loza y Todó el problema es que en 2008 estalló la crisis y «nadie podía esperar un desplome así».

Incluso recordaron los famosos «brotes verdes» de los que hablaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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