El Estado se enfrenta al primer recurso judicial por el rescate del Popular

Dos clientes salen de una oficina del Banco Popular en Madrid . :: virginia carrasco
Dos clientes salen de una oficina del Banco Popular en Madrid . :: virginia carrasco

Admitida a trámite la iniciativa OCU contra la resolución del FROB, de la que considera que perjudicó a los pequeños accionistas del banco

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

Las derivadas judiciales del rescate del Banco Popular no han hecho más que comenzar, a pesar de que apenas ha transcurrido un mes desde su liquidación: la Audiencia Nacional admitió ayer a trámite el recurso que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó la semana pasada contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya decisión sobre la entidad considera contraria al Derecho. Se trata de la primera iniciativa que se desarrolla con carácter colectivo, al tener capacidad para representar a miles de accionistas afectados, directamente contra el Estado, que actuó a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) .

La Administración podría tener que responder a esta acción de la OCU siempre que la admisión a trámite del recurso suponga una imputación formal. En realidad, el paso que dio ayer la Audiencia Nacional no implica ninguna responsabilidad judicial, pero sí abre la puerta a un proceso que podría acabar en un hipotético fallo en contra del Estado. Por ahora, la organización se ha mostrado «satisfecha» con esta decisión y confía en que el expediente informativo al que tiene derecho a acceder sirva para aclarar cómo fue el proceso de liquidación del banco y para resarcir a los más de 300.000 accionistas que vieron esfumarse su inversión la noche del 7 de junio. Casi 17.000 afectados se han puesto en contacto con la organización para conocer esta iniciativa.

A partir de ahora, el FROB dispone de 20 días para entregar todos los documentos administrativos relacionados con el rescate y que justificaron su decisión. Sin embargo, todavía se mantiene en el cajón el informe elaborado por Deloitte en el que se valoraba al Popular con un agujero de entre 2.000 y más de 8.000 millones de euros, dependiendo del escenario planteado. La propia OCU ha solicitado a la Comisión Europea el acceso a ese documento que, por razones de confidencialidad, Bruselas guarda bajo llave sin la idea de hacerlo público, salvo que sea por obligación judicial.

El recurso contra el FROB no es el único puesto en marcha tras la venta del Popular al Santander. La Mutualidad de la Abogacía anunció ayer que interpondrá el suyo ante la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el FROB y la JUR para recuperar los 54 millones que, estima, ha perdido con la resolución del Popular.

Diversos accionistas -tanto los institucionales como minoritarios- estudian iniciativas similares, aunque con objetivos heterogéneos que van contra la directiva comandada por Emilio Saracho hasta la cúpula pilotada por Ángel Ron -contra la que la propia OCU también presentó una querella en junio-, pasando por la Comisión Europea o el BCE.

No será a corto plazo cuando se solucionen los problemas judiciales que arrastra la operación con el Popular. Incluso el Santander admitió en el folleto de emisión de la ampliación de capital de 7.000 millones la posibilidad de que «se presenten recursos contra la resolución del FROB, o bien reclamaciones frente a Popular, Santander o el grupo».

Valoración del concurso

El éxito de parte de esas iniciativas dependerá del nuevo informe que una firma debe realizar para valorar si los accionistas y acreedores de deuda del Popular habrían recibido un mejor trato si se hubiera aplicado un proceso de insolvencia ordinario -el concurso de acreedores- en vez de la resolución y el rescate. Fuentes del sector apuntan que si ese documento, que debe estar listo en el plazo «más breve posible», indica que con una quiebra los afectados podrían no haber perdido tanto, «se les podría tener que indemnizar» por parte de las autoridades europeas. Así lo establece la directiva sobre resoluciones.

Ese análisis tendrá que ponerle precio a una alternativa como la concursal, sobre la que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya indicó que hubiera sido mucho más perjudicial para los depositantes, así como para la estabilidad del sistema bancario. Desde el sector apuntan que la resolución del problema se realizó cumpliendo los puntos que establece la directiva comunitaria. Aunque también reconocen que, al ser la primera vez que se aplicó y con una premura como la que rodeó la intervención, algunos instrumentos utilizados no fueron tan efectivos como se hubiera deseado por parte de las autoridades.

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