España y Francia pedirán indemnización a ACS y Eiffage por el rescate del AVE de los Pirineos

Uno de los trenes AVE entre España y Francia, a su paso por Gerona. :: efe/
Uno de los trenes AVE entre España y Francia, a su paso por Gerona. :: efe

La concesionaria, controlada por ambas firmas, habría incumplido el contrato, por lo que le exigirán responsabilidad económica

J. M. CAMARERO MADRID.

De los últimos casos de rescate de obras públicas millonarias caídas en desgracia -sobre todo autopistas y aeropuertos-, el único que por ahora llevará emparejada una reclamación patrimonial pública será el del tren de alta velocidad (AVE) que une España y Francia entre las localidades de Figueres (Gerona) y Perpiñán, a ambos lados de los Pirineos. Así lo constataron ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y su homóloga gala, Elisabeth Borne, al mostrar «la magnífica disposición» de ambos gobiernos para «dar solución» al conflicto generado en torno a esa conexión ferroviaria.

La resolución pasará por una petición de reclamación para que la concesionaria de la infraestructura abone la correspondiente indemnización económica a ambos Estados. Se trata de la firma TP Ferro, una corporación conjunta participada al 50% por la constructora española ACS y la francesa Eiffage. Esta sociedad era la encargada de la infraestructura hasta que el pasado 19 de diciembre fue rescatada por España y Francia, cuando TP Ferro se declaró en concurso de acreedores al arrastrar una deuda de 557 millones.

De la Serna agradeció ayer a Borne su postura ante este caso y recordó la posición «ágil y colaboradora» que ha permitido que «en estos momentos de lo que estamos hablando es de cuál va a ser la reclamación que los dos países hagamos» y no tanto de problemas que hayan podido sufrir los usuarios de la línea, cuyo funcionamiento no se ha visto afectado estos meses por la situación por la que pasa la empresa.

Desde Fomento reconocen que esta reclamación no es sencilla, ya que existen varios procedimientos arbitrales relacionados con TP Ferro, aunque sí hay una coincidencia «absoluta» en el posicionamiento de ambos países al respecto. Será el próximo 14 de septiembre cuando los dos ministerios vuelvan a reunirse para avanzar en los siguientes pasos que se pueda llevar a cabo.

La ministra gala de transportes también se ha felicitado por que hayan logrado conjuntamente evitar que la quiebra de TP Ferro tuviera un impacto en el tráfico de pasajeros y mercancías, y asegurar la continuidad de la explotación de este tramo de la línea.

Ambos departamentos consideran que les corresponde una indemnización al 50% y que, por tanto, no procede realizar ninguno de los pagos reclamados por el administrador concursal desde el momento en el que España y Francia intervinieron su actividad.

El proyecto del AVE entre ambos países tuvo un coste superior a los 1.100 millones de euros, de los cuales al menos un 60% fueron aportados por ambas administraciones, así como por fondos procedentes de la Unión Europea. Por ello, el rescate público podría ascender a los 450 millones de euros, una cifra que ninguna administración quiso confirmar en su momento. Se trata de un tramo de alta velocidad de 44,4 kilómetros de longitud, que incluye un túnel de 8,3 kilómetros.

Conflictos empresariales

No es la primera vez que el Estado se enfrenta a un rescate público de infraestructuras que quedaron en desuso por diferentes causas. La última ocasión en la que España se ha hecho cargo de obras privadas ha sido en el de las autopistas de peaje -las radiales en Madrid, la autovía entre la capital y Levante, además de la AP7 en Alicante y Murcia-, sobre las que todavía no se ha determinado la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). El Tribunal de Cuentas ya ha estimado que ese coste podría ascender a los 3.718 millones, de los que se podrían descontar hasta 1.000 millones que obtuviera con la nueva concesión que tiene previsto materializar en 2018.

Tampoco resulta novedoso que el Estado se enfrente con la constructora ACS por este tipo de desavenencias en los contratos públicos. De hecho, el Gobierno aprobó en octubre del año pasado el abono de 1.350 millones de euros a Escal UGS -la firma controlada por ACS- por el proyecto Castor, un almacén de gas submarino en el Mediterráneo que tuvo que cerrar al ser relacionado con los seísmos que se produjeron en la costa levantina.

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