El 'número dos' alega que Abengoa tenía una situación «normal» cuando abandonó su cargo

JOSÉ M. CAMARERO

madrid. El exconsejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, quiso desvincular ayer su salida de la empresa con la evolución que tuvo la compañía cinco meses después de su renuncia al indicar que cuando él abandonó su cargo el 18 de mayo de 2015, la situación por la que pasaba la corporación «estaba en absoluta normalidad».

Ortega, que fue el primero de los cinco imputados en declarar en la primera jornada del juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional por el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de la cúpula de Abengoa antes de la declaración de quiebra, recordó al fiscal del caso que «todos los datos objetivos» demostraban el buen ritmo de la compañía. Sin embargo, en noviembre de 2014, cuando aún era ejecutivo de la firma, las acciones se desplomaron por las dudas de los inversores sobre el estado real de sus cuentas. Además, a los seis meses de su marcha el grupo avisó de un preconcurso de acreedores por la gravedad del momento que atravesaba.

En su declaración, Sánchez Ortega justificó el abandono de su cargo en Abengoa pocas semanas antes de la debacle financiera «por cuestiones personales». «Yo conseguí una serie de hitos y tomé otro camino», concluyó.

También respaldó la firma del contrato mercantil en el que se establecía la indemnización que después cobraría, entre otras cuestiones al venir exigido por la Ley de Sociedades de Capital. Ese documento incluía cláusulas «que parecían de sentido común», según afirmó para justificar el cobro de 4,4 millones de euros, una operación por la que se enfrenta a cuatro años de prisión por presunta administración desleal. Además, recordó a la sala que nunca llegó a recibir otros 3,3 millones de euros de retribución variable asignados por el consejo al no alcanzarse finalmente los objetivos anuales. En junio sí se le reconoció esa abono porque la compañía daba por hecho que se cumplirían todos los objetivos fijados para ese ejercicio, aunque finalmente no fue así.

A la declaración de Sánchez Ortega le seguirá, previsiblemente, la de Felipe Benjumea, sobre el que recae una imputación de presunta administración desleal, con hasta cinco años de prisión, tras cobrar 11,4 millones de euros al abandonar Abengoa.

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