El Gobierno solo obligará al 0,32% de las empresas a auditar el salario por género

La propuesta de Empleo de desglosar los sueldos por sexo afectaría a 4.251 grandes empresas que agrupan al 38% de los trabajadores

LUCÍA PALACIOS MADRID.

Rebajar la temporalidad y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres son dos de los objetivos que se ha marcado el Ministerio de Empleo. Y para ello hace casi un mes entregó a los agentes sociales tres documentos en el marco de la mesa de calidad en el empleo que van encaminados a atajar dos de los problemas que afectan al mercado laboral español.

Las propuestas de lo que todavía es un borrador pero que hoy volverán a discutir en una nueva reunión se pueden resumir en tres: reducir los contratos de cuatro a tres, crear un nuevo contrato temporal de indemnización creciente y obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a realizar auditorías salariales para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ya que ellas cobran en torno a un 20% menos, si se tiene en cuenta que el salario medio de los varones se situó en 2016 en los 2.075 euros brutos al mes mientras que el de las mujeres se redujo hasta los 1.661 euros.

«Las auditorías deberían hacer más fácil analizar los aspectos de la remuneración relativos a la igualdad de género y alcanzar conclusiones sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución», explica el documento enviado por el ministerio y al que ha tenido acceso este periódico. Lo que quiere también el Ejecutivo es «establecer legalmente el derecho de información de los trabajadores» tal y como reconoció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un pleno en el Congreso. Por tanto, los profesionales «tendrán derecho a ser informados sobre niveles de remuneración, en particular sobre los componentes variables complementarios tales como pagos en especie o primas de otras categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, desglosado por género», precisó.

La cuestión es que estas medidas -que pasarían por cambiar la Ley de Igualdad y reformar el Estatuto de los Trabajadores, concretamente los artículos 26 y 28-, afectarían solo a un 0,32% de las empresas españolas, pues es bien sabido que España es un país de pymes. Así, de las más de 1,3 millones de compañías que había inscritas en la Seguridad Social el pasado 31 de diciembre de 2016, solo 4.251 tenían más de 250 trabajadores, el límite que ha fijado el Gobierno para realizar las auditorías. Bien es verdad que el abanico de trabajadores a los que afectaría se abre un poco más, pues las grandes empresas acaparan casi el 40% de los empleos. Concretamente, más de 4,9 millones de profesionales tendrían derecho a que el empresario les desglose su retribución por género, un 38% de los más de 12,8 millones de personas que hay trabajando en empresas. En definitiva, que de llevarse a cabo estas medidas apenas tendría efecto sobre cuatro de cada diez trabajadores de empresas.

Ésta es una de las críticas que hace UGT a este plan de igualdad, que solo es obligatorio para las grandes empresas, que son muy pocas, por lo que lo califica de «un gran avance» pero «insuficiente».

Reforma de la contratación

Por eso, el sindicato liderado por Pepe Álvarez exigirá que esas auditorías salariales que ya reivindicaron ellos el año pasado sean obligatorias para las compañías de 25 trabajadores o más, así como que tengan que registrar anualmente todas las retribuciones en un registro creado al efecto. De igual manera, pide extender a las empresas de más de 25 trabajadores la regulación de los planes de igualdad así como incrementar las sanciones para las que no respeten la normativa sobre igualdad de género.

Y si las críticas de los sindicatos al plan de igualdad se centran en gran medida en que el impacto sería menor del deseado, esto mismo se puede trasladar también a la reforma de la contratación que el Ejecutivo quiere hacer con el objetivo de reducir la elevada temporalidad. Así, a juicio de CC OO y UGT, reduciendo los contratos de cuatro a tres y creando uno nuevo de indemnización creciente no se atajaría este problema. «Si la naturaleza del empleo es temporal, carece de sentido que tenga una indemnización creciente en el tiempo (los más desprotegidos son los de corta duración)», explican ambas organizaciones en un documento, en relación al deseo del Gobierno de que el contrato temporal tenga una indemnización de 12 días a partir del primer año, de 16 días a partir del segundo y, en el tercer año, se iguale a los indefinidos en 20 días.

Por eso los dos grandes sindicatos quieren que los esfuerzos del Gobierno vayan encaminados a «clarificar mucho más» qué empleo es susceptible de utilización de un contrato temporal y penalizar con mayores sanciones y cotizaciones más altas el incumplimiento.

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