El Estado gana 497 millones con el dividendo anual de AENA

J. A. BRAVO MADRID.

El Gobierno recibió ayer un respiro a menos de un mes para que apruebe su proyecto de Presupuestos para 2018, pendiente luego de si recibirá luz verde en el Parlamento. Gracias al incremento de casi un 70% en el dividendo anual que reparte AENA (6,5 euros brutos por acción), las arcas del Estado recibirán en 2018 una inyección de 497 millones de euros gracias al 51% que controlan del gestor aeroportuario.

El año pasado -el tercero desde su salida a Bolsa- resultó bueno para la empresa semipública que ahora preside Jaime García-Legaz, aunque el crecimiento del beneficio fue casi siete veces menor al excepcional rendimiento de 2016, empujado eso si por la recuperación de parte del dinero que tenía implicado en expropiaciones de terrenos para la ampliación de Barajas. Con todo, su ganancia en 2017 llegó a 1.232 millones de euros tras crecer un 5,8% y, sin aquel factor extraordinario, el incremento se multiplicaría hasta el 22%.

Fue un buen ejercicio en demanda de pasajeros y facturación. En lo primero los aeropuertos de su red rozaron los 250 millones de viajeros -el 70% de origen internacional y el resto en el mercado nacional-, un 8,2% más que en 2016 y marcando en este punto el mejor año de su historia. En lo segundo los ingresos consolidados crecieron un 6,8% y superaron los 4.027 millones.

Más de una cuarta parte de su negocio (26,3%) procede ya del área comercial, donde el crecimiento fue del 11,3% y alcanzó los 1.060 millones. A su vez, el resultado bruto de explotación (ebitda) mejoró un 9,8% con 2.517 millones, aunque el gasto en personal se elevó otro 6,6% (417 millones) tras crecer su plantilla un 2,6% (8.174 personas). Eso sí, la deuda financiera neta se redujo un 13% para quedar en 7.156 millones.

De otro lado, el sindicato de controladores aéreos (USCA) ha alcanzado un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid para compensar con 15 millones a los viajeros perjudicados por el caos aéreo de diciembre de 2010, a una media de 1.000 euros para quienes mantuvieron sus demandas. A cambio, cuando se vote también en Mallorca, se cierran ocho años de litigios y los 216 controladores aún acusados evitarán la cárcel.

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