Un 10% de las compañías, amenazadas de cierre

Dos de cada tres tardan más de dos meses en cobrar sus facturas e incluso en el 14% de los casos se superan los 90 días según la PmcM

A. B.

madrid. Las deudas siguen siendo el principal riesgo de mortalidad empresarial. No en vano un 30% del medio millón de las pequeñas y medianas empresas que se perdieron en España con la crisis se debió a la morosidad. En un lustro el Gobierno ha reducido en más de la mitad (56%) el plazo de pago del sector público, al pasar de los 162 días de 2011 a los 71 de 2016, frente a 77 en las empresas privadas. Según se desprende de datos de Hacienda, la media este año habría bajado a 58 pero desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PmcM) insisten en que el problema persiste.

Una de cada 10 compañías, denuncia, sigue estando en riesgo de cierre por efecto de los incumplimientos de pago. Y eso que el número de empresas que ha sufrido un impacto significativo en sus cuentas por la demora en el abono de facturas está en uno de sus niveles más bajos, con un 26%, y acumula ya siete años descensos (incluido 2017) tras el récord de 2012 cuando dos de cada tres (66%) lo padecían de forma importante. Así lo refrendan desde Crédito y Caución (CyC), una de las principales aseguradoras para riesgos en operaciones comerciales.

Otros parámetros, por el contrario, han empeorado. Por ejemplo, en los pagos comerciales apenas cuatro de cada 10 empresas (39%) trabajan con plazos inferiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. El resto (62%) tarda más de dos meses en cobrar sus facturas, e incluso en un 14% de los casos todavía superan los 90 días.

La mayoría (el 83%), según la PmcM, termina aceptando plazos superiores a los deseados, si bien más de la mitad (el 53%) son subcontratas de grandes empresas. En las razones de los impagos la balanza está equilibrada entre el retraso intencionado (según CyC se da en el 53% de los casos) y la falta de disponibilidad de fondos (en el 51%), por encima de la complejidad del propio procedimiento de pagos (17%).

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