La nueva Ley de Contratos Públicos, aliada para pymes y contra el fraude

La nueva Ley de Contratos Públicos, aliada para pymes y contra el fraude

La normativa estatal que entró en vigor el pasado día 9 introduce criterios ambientales y sociales en los concursos, apuesta por la tramitación electrónica y la reducción de los plazos

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

Los contratos públicos representan alrededor del 20% del PIB español, lo que supone unos 200.000 millones de euros anuales. De ahí que un cambio normativo en la legislación estatal que los regula tenga una gran repercusión para la economía. El pasado día 9 de marzo entró en vigor la a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen a nuestro ordenamiento dos directivas comunitarias. La nueva normativa persigue, entre otros objetivos, favorecer el acceso de las pymes a los contratos públicos, extender el uso de los medios electrónicos y reducir los plazos.

Su entrada en vigor llega casi con dos años de retraso por el bloqueo institucional y tras una larga tramitación que se inició con la constitución de un grupo de trabajo de expertos en enero de 2014. No en vano su tramitación ha sido muy compleja, pues incorpora 975 enmiendas del total de las 1.081 presentadas por los partidos y tras haber sido aprobada en el Congreso y el Senado con amplio consenso político. Entre tanto, España fue amonestada por la UE y la Comisión Europea amenazó con una multa diaria de 186.000 euros por no aplicarlas.

Los datos

20%
Es lo que representan las licitaciones públicas en el conjunto del PIB español, unos 200.000 millones.
40.000
Es el máximo para los contratos menores de obras, que se adjudican sin concurso, antes eran 50.000.
15.000
Es el máximo para los contratos menores de servicios, antes eran 18.000.
80.000
Cuantía máxima de los contratos de obra del nuevo procedimiento llamado 'supersimplificado'.

«En el trasfondo de la ley subyace una visión más estratégica de la contratación pública. No podemos olvidar que representa el 18-19% del PIB en la economía de nuestro país. Es decir, se maneja muchísimo dinero. Por eso, por desgracia, también ha sido fuente de tantos problemas de corrupción», explica Pedro Javier López, abogado especialista en contratación pública y socio-director de Consultores de Contratación Pública.

«Esperamos que los nuevos parámetros no venzan la balanza hacia la subjetividad en las adjudicaciones», aseguran desde la ACP

Esta nueva visión estratégica conlleva el abandono de esa visión presupuestaria que existía hasta ahora. «Se renuncia a una filosofía burocrática formal y se introducen referencias expresas a valores y criterios sociales y medioambientales», añade.

De esta forma, los dos ejes transversales de toda la ley giran en torno a la prevención de la corrupción y la eficiencia en la contratación. Para alcanzar el primer objetivo se introduce un principio básico que no sólo es ético, sino jurídico: el principio de integridad. «Se avanza notablemente en medidas concretas para prevenir la corrupción y las prácticas clientelares», abunda López. En cuanto al criterio de calidad-precio, se sustituye el concepto que había hasta ahora de «oferta económica más ventajosa» por el de «mejor relación calidad-precio».

Sin embargo, la normativa ha despertado recelos en el sector empresarial. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), considera que la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos «abre un periodo de incertidumbres empresariales hasta que consigamos ver la aplicación práctica que las administraciones hacen de ella, ya que a partir de ahora se tendrá que tener en cuenta para la adjudicación no sólo la baja en el precio, sino otros criterios como los sociales, medioambientales o tecnológicos y habrá que estar a la espera de que estos nuevos parámetros de decisión sirvan para obtener una oferta más interesante en su totalidad y no para hacer vencer la balanza hacia la subjetividad», considera.

A su juicio, a esto se suma que la nueva ley, como ya ocurrió con la anterior, entra en vigor sin un desarrollo reglamentario, «por lo que las lagunas legales están aseguradas», manifiesta Aragón.

La patronal teme un freno en la licitación

La nueva normativa sobre contratación pública en España puede suponer un freno para la economía a corto plazo, toda vez que las administraciones aún no tienen totalmente adaptados sus procedimientos. Así lo consideran desde el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex). Su director general, Fernando Argüello, incide en que la expectativa es que «hasta el verano o después no va a haber el ritmo normal de licitaciones».

Por su parte, Juan Lema, presidente de Tecniberia, insta en este sentido a las administraciones a que «adapten los pliegos de contratación con diligencia». El secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, hace hincapié en que «venimos de un periodo reprimido en un sector que ha superado solo la crisis» y manifiesta su «preocupación en el caso de que haya una parálisis» de los concursos de obras públicas. En los días previos a la entrada en vigor de la ley ayuntamientos, diputaciones y comunidades publicaron un gran número de concursos para evitar tener que cumplir la nueva norma.

Otra línea fundamental en la nueva norma, relacionada directamente con esa nueva visión estratégica de la contratación pública, es facilitar el acceso de las pymes a los concursos públicos. Según destaca López, con respecto a una mayor transparencia y prevención de la corrupción se incluyen, por ejemplo, a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, fundaciones y asociaciones dentro del ámbito subjetivo de la aplicación de la nueva ley. «Quedan también sujetas las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, sea superior al 50% por entidades del sector público», aclara el abogado.

Por tanto, el objetivo fundamental de esta ley es erradicar la contratación menos transparente en España, una lacra que según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), supone una factura de unos 48.000 millones de euros al año. «Con la contratación electrónica hay una trazabilidad que no existe cuando el proceso se hace en papel. La consecuencia es mayor seguridad y, por lo tanto, mayor freno a las malas prácticas en materia de contratación», explica José Antonio Moreno Molina, director del Observatorio de Contratación Pública Electrónica y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla la Mancha.

Así, la nueva normativa establece que en los contratos menores, es decir, los que se adjudican directamente, sin licitación, se rebajan las cuantías, en contratos de obras, de 50.000 euros a 40.000 euros, y en contratos de servicios, de 18.000 a 15.000 euros, «y se imponen ciertas reglas para evitar que sirva de cobertura en la práctica de la fragmentación del objeto del contrato para eludir los controles», explica López, quien detalla que también se obliga a informar sobre los contratos menores adjudicados a cada contratista a través de la publicación en el perfil del contratante y con el objetivo de que se pueda «descubrir» fácilmente posibles actuaciones irregulares.

Igualmente, en la nueva ley estatal se suprime el llamado procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, «que, aunque era muy ágil, con frecuencia tenía el riesgo de generar desigualdades entre los licitadores», advierte López. Por último, el abogado resalta que la nueva ley establece una mayor regulación de las mesas de contratación y de la obligación de información al Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, la normativa no ha contentado del todo al grupo parlamentario de Unidos Podemos, que esta semana presentó un recurso de inconstitucionalidad contra varios de sus preceptos, relacionados con las adjudicaciones de suministros. El motivo del recurso es un tema técnico con transcendencia práctica. Según la formación, de la consideración como 'no tributario' o 'tributario' del pago por determinadas concesiones «dependen cuestiones como que se pueda cortar o no el agua por impago a vecinos que no puedan hacer frente a las tasas». El recurso ante el TC ha sido admitido a trámite, aunque esto no paraliza la aplicación.

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