Las licitaciones fuera de la provincia, tabla salvavidas de las grandes constructoras locales

Sando tiene diversas adjudicaciones importantes fuera de la provincia de Málaga. :: a. g./
Sando tiene diversas adjudicaciones importantes fuera de la provincia de Málaga. :: a. g.

Empresas como Sando se apoyan en proyectos nacionales e internacionales para sortear la crisis

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

La drástica disminución de obra pública y privada derivada de la crisis económica supuso un zarpazo para las constructoras malagueñas. Aunque las peores consecuencias de la burbuja parecen haber quedado atrás, la situación aún colea para decenas de empresas. Una de las más históricas, Construcciones Vera, ha presentado recientemente la solicitud de liquidación de su grupo empresarial, cuyos orígenes se remontan a 1941, tras no hacer frente por primera vez a los compromisos de pago establecidos en el convenio que regula el concurso de acreedores en el que se encuentra la sociedad desde hace tres años.

Ante la escasez de obra pública en la provincia de Málaga, muchas constructoras se han lanzado a la internacionalización, un reto complejo porque requiere músculo financiero, del que carecen las pequeñas y medianas empresas locales del sector. Aunque en el resto de España las licitaciones se mantienen por debajo de la media europea, constructoras como Sando se apoyan en proyectos nacionales e internacionales para salir adelante. La compañía presidida por José Luis Sánchez Domínguez ha recibido la adjudicación de las obras del enlace de Vidreres en Girona, la autovía de acceso a El Musel de Gijón o las obras de la A-68 de Gallur a Mallén, en Zaragoza. El vicepresidente y consejero delegado de la empresa, Luis Sánchez Manzano, confirma que la inversión pública «ha disminuido de forma muy señalada, provocando un descenso en el número de licitaciones y en su cuantía». En Málaga, Sando tiene adjudicados el metro, el acceso norte al aeropuerto y el nuevo enlace a Arroyo de la Miel.

Desde Sando detectan que la inversión privada «está creciendo de manera significativa, pero la inversión pública no lo está haciendo al mismo ritmo» y confían en que la nueva Ley de Contratos del Sector Público «simplifique los procesos de licitación y apueste en firme por la contratación electrónica». Sánchez Manzano solicita que los concursos «no se conviertan en subastas» que permitan una bajada temeraria de precios por encima de criterios de calidad o capacidad técnica.

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