El fiscal pide doce años de inhabilitación para cinco dirigentes de Isofotón

El principal acreedor de Isofotón, que se ha personado en la fase de calificación del concurso, es la Junta de Andalucía.
El principal acreedor de Isofotón, que se ha personado en la fase de calificación del concurso, es la Junta de Andalucía. / Salvador Salas
  • El ministerio público califica el concurso de acreedores como culpable y quiere que los antiguos responsables de la firma respondan por la totalidad del déficit concursal

No sólo los hermanos Serrano, sino otras tres personas que se sentaban con ellos en el consejo de administración de Isofotón durante los dos años previos a su debacle se enfrentan a una dura condena en términos económicos si la jueza Rocío Marina Coll acepta las peticiones de la administración concursal y el ministerio fiscal. Ambos coinciden en que hay motivos para considerar a los antiguos dirigentes de la compañía fotovoltaica culpables de su quiebra o del agravamiento de la misma. El informe de calificación elaborado por los administradores concursales solicita para todos ellos, sin distinción, la máxima condena prevista en estos casos: quince años de inhabilitación para administrar bienes ajenos o representar a cualquier persona, la pérdida de todos los derechos que pudieran tener como acreedores y la obligación de responder con sus bienes del déficit concursal (es decir, la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad) y de las costas del proceso. El fiscal del caso, Antonio González, hace suyo dicho informe y coincide en toda la petición de condena salvo en los años de inhabilitación, que reduce a doce.

Ángel Luis Serrano y Diego Serrano como presidente y vicepresidente de Isofotón SA y Jae Hwan Lee, Carlos Zambudio y Óscar López como consejeros son las personas afectadas por esta calificación culpable del concurso. Según fuentes consultadas, ya han presentado escritos de oposición al menos tres de ellos, Diego Serrano, López y Hwan Lee. Este último, que reside en Corea del Sur, alega que nunca estuvo implicado en la gestión de la compañía y que su papel se limitaba a representar en el consejo al accionista minoritario Toptec. Los otros dos consejeros van a fundamentar su defensa en que permanecieron sólo unos meses en sus cargos, mientras que los hermanos Serrano intentarán rebatir las acusaciones de la administración concursal y demostrar que trataron de reflotar la empresa.

¿Cuáles son las acusaciones en las que se basa la supuesta culpabilidad de los dueños de Isofotón en su quiebra? Básicamente se agrupan en cuatro bloques: errores e irregularidades contables «de relevancia», simulación patrimonial e inexactitud contable «grave», incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso e incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal. Algunos de estos argumentos ya se avanzaban en el informe provisional que ésta última presentó en noviembre de 2013, y que sirvió de base al juzgado para ordenar un embargo preventivo de casi 51 millones de euros a los hermanos Serrano y Carlos Zambudio.

«Irregularidades relevantes»

Entre las irregularidades que relatan los administradores concursales en su demoledor informe de calificación destacan las relativas a las cuentas anuales de varios ejercicios que se presentaron fuera de plazo, no se depositaron en el Registro Mercantil o fueron reformuladas en el plazo de un mes arrojando diferencias muy significativas (el pasivo pasó de 163 a 249 millones y las pérdidas, de 49 a 215 millones). También se citan varias operaciones de 2011 de elevado importe que posteriormente fueron revertidas, lo que «hace sospechar que se pretendía aparentar un nivel de actividad ficticio».

Además, se acusa a la matriz de Isofotón, Affirma (propiedad de los Serrano), de haber suscrito una ampliación de capital de Isofotón que acabó pagando ésta, así como de haber ‘saqueado’ a la filial Silicio Energía con operaciones ficticias para conseguir tesorería. La administración concursal también alega que los responsables de la compañía acompañaron la solicitud de concurso con datos que sabían que no eran ciertos, aportando como prueba correos electrónicos entre varios de sus directivos que hablan de la inexactitud de las cuentas. Asimismo, afirma que la situación de insolvencia «se produjo en fecha muy anterior» a la que se comunicó al juzgado e insiste en que el consejo de administración lo sabía. Para probarlo cita el acta de un consejo celebrado varios meses antes de la petición de concurso, en el que se llega a decir: «Estamos funcionando porque nos financiamos con proveedores».

Finalmente, los administradores acusan a los dueños de Isofotón de faltar al deber de colaboración con ellos y con el juez del concurso. Y van más allá: les atribuyen haber vendido activos de Isofotón sin permiso y a sus espaldas cuando ya estaban apartados de la gestión de la compañía. Una operación que, insisten, representó una importante pérdida patrimonial para la sociedad concursada.

El grado de culpabilidad de cada uno de los dirigentes de Isofotón en la quiebra de la que fuera la mayor industria fotovoltaica española será dirimido en una vista que aún no ha sido señalada por la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga. Otra cuestión, en el caso de que sean condenados, es que vayan a responder efectivamente del déficit concursal. El mencionado embargo cautelar que se dictó para los hermanos Serrano y Carlos Zambudio quedó lejos de completarse, pues pese a que se bloquearon algunas viviendas, cuentas bancarias y participaciones en sociedades, no se encontraron bienes suficientes para alcanzar esos 51 millones de euros.

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