El Ejecutivo aún espera el 'sí' del PNV para salvar las cuentas

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. :: efe/
Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. :: efe

Montoro paraliza el recurso contra el aumento del salario a los funcionarios vascos que amenaza el apoyo de los nacionalistas

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

El Gobierno se resiste a caer en el pesimismo pese a los avisos que ayer volvió a lanzar el PNV. El Ejecutivo de Vitoria, al tiempo que en Moncloa se presentaban los Presupuestos, expresó su malestar ante la noticia de que el Gobierno recurrirá la subida del 1,5% del salario de los funcionarios en las cuentas vascas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se apresuró a intentar apagar el incendio y aseguró que no existe mensaje político alguno en ese movimiento. Fuentes del Ministerio subrayan que ese tipo de recursos se hacen «de oficio» siempre que una administración autonómica o local invade una competencia del Estado. Aseguran que no hay discusión posible al respecto porque la jurisprudencia es apabullante. Pero aun así, el ministro ordenó paralizar el recurso para evitar males mayores.

La ley contempla alargar los plazos para interposición de recurso si las partes comunican al Constitucional su intención de alcanzar un acuerdo. Y eso ocurrió ayer. Según fuentes de Moncloa, la cuestión se abordará en la Comisión Bilateral.

Salvando este escollo, la situación en Cataluña sigue siendo el gran obstáculo para que el PNV dé su apoyo. «Mientras esté en vigor el artículo 155 -sentenció Aitor Esteban en un comunicado-, ni siquiera existe la posibilidad de abrir una negociación». La advertencia también cogió a Montoro en plena comparecencia en la Moncloa. «Tenemos tiempo -replicó-. Estamos hablando todavía de un mes largo para el debate de enmiendas a la totalidad y en un mes a lo que debemos aspirar es a que exista la mayor normalización política en nuestro país».

El Ejecutivo sabe que la única posibilidad de que el Congreso apruebe sus cuentas es recabar el apoyo de las mismas fuerzas que le apoyaron en 2017: Ciudadanos -que ya el lunes dio luz verde al proyecto-, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias (además, claro está, de UPN y Foro Asturias con las que se concurrió en coalición a las generales). No tiene más aliados potenciales. Así que lo que ocurra en Cataluña es clave.

La situación volvió a complicarse la semana pasada con el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Llarena contra la cúpula del proceso independentista, justo cuando los populares ya suspiraban aliviados ante la posible investidura de Jordi Turull. El candidato de Junts per Catalunya en ningún caso habría podido ser presidente de la Generalitat por mucho tiempo porque sobre él pesaba la imputación de delitos graves como el de rebelión. Pero, a diferencia de Carles Puigdemont, aún seguía en libertad, así que contaban con que formara Gobierno, lo que habría permitido poner fin a la intervención de la autonomía y sentarse a hablar con los nacionalistas vascos.

Ahora el Gobierno espera que el temor a la acción de los tribunales y el rechazo a una repetición de elecciones puedan más que el ansia de avanzar hacia una república catalana y que las fuerzas independentistas alcancen alguna «solución de gobernabilidad». Tienen casi dos meses para hacerlo porque, de lo contrario, el 22 de mayo los comicios se convocarán de manera automática. Pero el margen de Montoro es aún más estrecho. Es a finales de abril cuando la Cámara baja decide si le devuelve el proyecto de presupuestos. Si para entonces no cuenta con el PNV no tendrá nada que hacer.

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