El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la queja sobre la situación de los afectados por cláusulas suelo

El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la queja sobre la situación de los afectados por cláusulas suelo

EUROPA PRESSMÁLAGA

El Defensor del Pueblo Andaluz ha comunicado que ha admitido a trámite la queja presentada por los letrados Miguel Ángel Jiménez y Carlos Cómitre -de Jiménez y Asociados y Ley 57 Abogados, respectivamente, de Málaga-, en la que solicitaban la intervención de dicho órgano para "desbloquear la situación de miles de afectados por cláusulas suelo y gastos de hipoteca" que han acudido a la justicia.

Así, según han informado los letrados, a través de un escrito, desde el Defensor del Pueblo Andaluz se les ha comunicado que se han iniciado las actuaciones ante los órganos correspondientes, apuntando que, en concreto, se ha solicitado a la Fiscalía de Málaga que aporte cuanta información disponga en relación con los hechos planteados en la queja. Una vez se reciba, se analizará.

En la queja presentada por estos letrados malagueños se señalaba que desde mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo, "se descubre que infinidad de andaluces y residentes estaban afectados por la introducción unilateral de cláusulas abusivas en sus hipotecas", siendo entonces los juzgados de lo Mercantil los competentes para tramitar esas reclamaciones.

Así, se indicaba que estos órganos judiciales "se vieron claramente colapsados y perdieron su competencia en esta materia a favor de los juzgados de Primera Instancia, pero "en junio de 2017, se modificó la competencia de nuevo, a través de un procedimiento extraño por el que se modificó 'de facto' la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se atribuyó la competencia a juzgados uniprovinciales de nueva creación".

Ese plan de juzgados uniprovinciales puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario, según se precisaba en el escrito remitido.

En este sentido, según se señalaba en la queja, la situación es que hay personas "que acudieron en demanda de justicia en 2015 ante los juzgados de lo Mercantil con fecha de juicio señalada para el año 2021 y clientes que interpusieron su demanda después, en los juzgados de primera instancia, y que sus asuntos ya están resueltos".

Pero, apuntaban, también hay "clientes que acudieron a un mecanismo extrajudicial a cuyo término, infructuoso, se han visto obligados a interponer sus demandas ante los nuevos juzgados especializados", apuntando que el de Primera Instancia número 18 bis de Málaga, designado para la provincia, "ha llegado a recibir, entre junio y julio de 2017 unas 2.000 demandas, según el Consejo General".

Al respecto, en la queja presentada se incidía en que "en sólo dos meses se ha cubierto el módulo de entrada de asuntos en un juzgado correspondiente a dos años", lo que supone "un gravísimo e injusto menoscabo en los derechos de los justiciables andaluces".

Por eso, los letrados solicitaban al Defensor del Pueblo Andaluz que recomendara a las autoridades competente "la inmediata modificación de las normas de reparto, la cancelación del plan del CGPJ y el refuerzo de los juzgados de lo Mercantil para anticipar los juicios señalados a más de tres años vista", entre otras medidas.

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