Crítica por el coste de las encuestas del INE

Una de las principales razones del enfado empresarial por el «muy elevado» nivel de regulación en España son las encuestas estructurales del INE. Su critica se dirige hacia la forma en que se realizan y las cargas que generan en las compañías consultadas. El coste administrativo «estimado» es de 341 euros por cada una, incluyendo gastos de personal, lo que supone 62 millones anuales en conjunto para las empresas (en 2014 participaron 179.500).

Desde la CEOE se quejan de tener que cumplimentar documentos «profusos» (con más de 80 apartados), bajo el apercibimiento de ser multadas (300 euros) si no lo hacen (en 2015 se incoaron 1.740 expedientes sancionadores), pese a que el INE podría obtener los datos por otras vías. Por eso proponen crear una «carpeta del empresario» común para todas las administraciones.

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