El Constitucional redibuja las fronteras del mercado interior

Advierte de que el poder de vigilancia del Estado no puede situar a las comunidades bajo su «dependencia jerárquica» y pide mayor «equilibrio»

J. A. BRAVO MADRID.

«Un mínimo estándar normativo común o equivalente aplicable por las comunidades autónomas». Eso es lo que, a juicio del Tribunal Constitucional (TC), debería existir dentro del mercado interior español para protegerlo y, a la vez, no menoscabar las competencias que la Carta Magna reconoce a las distintas administraciones.

Por eso, en dos sentencias con apenas un margen de un mes (25 de mayo y 23 de junio), el órgano que ejerce como máximo intérprete del texto constitucional ha redibujado las fronteras de ese mercado único en el que, subraya, «todos los factores están fuertemente interrelacionados». No lo ha revolucionado, aunque sí ha abierto nuevos ámbitos de actuación para cada territorio.

OBJETIVOS AMBICIOSOS

1.500
millones de euros extra por ejercicio entre 2014 y 2023 es lo que estimaba el Gobierno que aportaría al PIB (un 0,15% anual) la aplicación de la Ley de unidad de mercado.
275
actuaciones en defensa de esa ley ha acometido la CNMC desde 2014.

Así, por ejemplo, la capacidad de vigilar posibles incumplimientos y recibir denuncias en casos tan polémicos como los de las ventas a pérdidas (por debajo del coste de producción) deja de ser exclusiva del Estado. Así lo ha resuelto al anular varios puntos de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

Para los magistrados del TC, «la mera posibilidad de que las infracciones objeto de investigación puedan responder a conductas que se desarrollan en más de una comunidad autónoma no justifica que el Estado se reserve, con carácter general y preventivo, la competencia ejecutiva» para realizar controles. Y ello sin negarle, no obstante, que para «mejorar el funcionamiento y la vertebración» de la cadena alimentaria» -como subraya la ley- «se hace imprescindible atajar esta problemática desde una perspectiva de conjunto para todos los agentes».

El Ministerio de Agricultura, representado por la Abogacía del Estado, había argumentado que «las funciones de control no son susceptibles de fraccionamiento so pena de frustrar la finalidad de la ley», pero el tribunal le reprocha que «no especifique» sus motivos para tal conclusión. Al contrario, entiende que de hacerle caso «podría producir un vaciamiento de las competencias autonómicas proscrito por la doctrina constitucional». Por eso estima que no ha lugar a «avalar una invasión» así, sobre todo cuando «puede perfectamente ser atendida con los mecanismos de colaboración previstos en la propia norma».

En razón a ello recomienda el TC que Estado y autonomías se revisen la Carta Magna dado que su diseño «propugna un equilibrio entre los diferentes sujetos constitucionales en presencia, que deberán repartirse facultades sin en ningún caso anular a los otros y teniendo siempre presente la necesidad de cooperación entre ellos». Y cuando no existe ese contrapeso actúa el tribunal.

Es lo que hizo hace tres semanas acabando con la licencia única que, en la práctica, puso en marcha el Gobierno con la entrada en vigor de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado. Con ella, cualquier producto «legalmente producido al amparo de la normativa de un territorio» (una comunidad) podía circular y ofertarse «libremente» en resto, aunque en el lugar de destino existiera una legislación más restrictiva.

«Límite a lo supraterritorial»

Estimando en parte un recurso de la Administración catalana -de las más activas en la disputa competencial con el Gobierno central-, el tribunal advierte de que «el reconocimiento de efectos supraterritoriales» al Estado tiene un «limite claro»: que haya «equivalencia» entre regiones. Sin ese «estándar», apunta, se estaría «excediendo» al «constreñir» su autonomía, «menoscabando» unas comunidades respecto a otras.

Sí se da ese «mínimo normativo común» a la hora de que las autonomías den información sobre los procedimientos de elaboración de sus normas respectivas «que afecten a la unidad de mercado». Por eso, mantiene esa «obligación impuesta».

Por el contrario, no se produce esa «equivalencia» en algunas competencias que, aprovechando dicha ley, el Ministerio de Economía atribuyó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por ejemplo, que la mera interposición por su parte de un recurso contencioso-administrativo «produjera la suspensión automática de actos o disposiciones autonómicas».

Una «forma de control» de ese carácter, señalan los magistrados del TC, «debe ser una potestad directamente atribuida por la Constitución», cosa que no ocurre. La «fragmentación», entendida como «autonomía de sus nacionalidades y regiones», es fruto del «normal funcionamiento del Estado autonómico». Por eso, el poder de vigilancia no puede colocar a las comunidades en situación de «dependencia jerárquica» con él.

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