Consensos y discrepancias para la reforma

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos,en una reunión del Pacto de Toledo. :: efe/
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos,en una reunión del Pacto de Toledo. :: efe

Sin embargo, sí existe un apoyo unánime para que determinados gastos, como las bonificaciones, se paguen vía impuestos El índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, principales escollos para un acuerdo dentro del Pacto de Toledo

LUCÍA PALACIOS MADRID.

El Pacto de Toledo fue otro de los grandes protagonistas del debate monográfico sobre pensiones celebrado ayer en el Congreso. Ahora la pelota está en su tejado o, al menos, el Gobierno descarga sobre esta comisión -que lleva ya casi año y medio de andadura- la responsabilidad de llevar a cabo esa urgente reforma de las pensiones que, a día de hoy, está casi paralizada.

«Debemos seguir trabajando en el Pacto de Toledo y aprobar nuevas recomendaciones que se conviertan en propuestas y en leyes», instó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, precisando que era una propuesta para la sostenibilidad del sistema. Eso sí, dejó bien claro que las nuevas medidas en ningún caso pasan por derogar las reformas ya existentes, ni la de 2011 ni la de 2013. «El Pacto de Toledo necesita hoy un nuevo impulso, pero no una rectificación. Su importancia y revitalización está precisamente en no volver a empezar de cero», dijo animando a «avanzar sobre lo construido».

La cuestión es si realmente puede haber acuerdo en el Pacto de Toledo y, sobre todo, cuáles son las medidas que generan más consenso y las que se enfrentan a un total distanciamiento. Pese a que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció hace menos de un mes que para la primavera habría ya 'fumata blanca', ahora parece más que improbable. Y es que en el seno de esta comisión existen posturas muy enfrentadas. Incluso podría decirse que el PP se encuentra prácticamente aislado, pues el resto de partidos ha hecho piña para crear una nueva fórmula que permita revalorizar las pensiones más allá del discutido 0,25%, el alzaque se ha aplicado a los jubilados los últimos cinco años y que se mantendrá los próximos salvo que se reforme el índice de revalorización que lo vincula a la cuestionada suficiencia del sistema.

La vinculación del alza a la inflación era una línea roja hasta que arreciaron las protestas de jubiladosLa oposición no rechaza ampliar el período de cálculo de las nuevas prestaciones si es libre

Aquí es precisamente donde reside el gran escollo. Unidos Podemos y PSOE vienen exigiendo desde el principio derogar el nuevo índice de revalorización y volver a indexarlo con la evolución de los precios, algo a lo que luego -aunque con ciertos matices- se han sumado también PDeCAT, PNV y ERC. Ciudadanos, por su parte, se negaba en un primer momento aunque en los últimos tiempos mantiene una ambigüedad a este respecto. De hecho, defiende ya buscar otra forma de revalorización para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, aunque son más partidarios de incrementar las pensiones mínimas que hacer una subida generalizada.

Hasta tal punto era una línea roja, que todos los grupos parlamentarios optaron por dejarlo para el final con el objetivo de ir avanzando en el resto de las recomendaciones. Eso hasta que el clamor en la calle de los jubilados llevó a que la oposición en pleno exigiera al PP debatir este tema y no levantarse de la mesa hasta consensuarlo. Así lo hicieron el pasado 7 de marzo, en otro tenso encuentro en el que los populares lograron ganar tiempo al pedir a los diferentes partidos que presentaran informes sobre el incremento de gasto que supondrían sus propuestas, algo que puede llevar incluso meses.

El otro gran escollo para un acuerdo está en el factor de sostenibilidad, un mecanismo que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y que ajusta las nuevas pensiones a la esperanza de vida en ese momento. Mermará las nuevas prestaciones 75 euros de media el año próximo.

Más impuestos

No todo son desacuerdos. Pese a que a día de hoy no hay cerrada recomendación alguna del Pacto de Toledo para la nueva reforma, se ha avanzado mucho en varias. Así, todos los grupos ven necesario abrir nuevas vías de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aunque difieren en la forma de hacerlo. Así, mientras PSOE y Unidos Podemos abogan por introducir nuevos impuestos a la banca, el PP es más partidario de que se hagan mayores transferencias desde los Presupuestos del Estado a la Seguridad Social.

Recurrir a la vía presupuestaria, según fuentes gubernamentales, supondría evidentemente financiar vía impuestos parte de los gastos que hoy se sufragan mediante las cotizaciones sociales -destinando a tal un determinado volumen de recaudación aún por concretar-, siempre y cuando tengan un «carácter finalista». De hecho, ya existe un amplio respaldo para que determinadas partidas pasen a pagarse a través de los Presupuestos, como las tarifas planas o bonificaciones, los gastos de personal del sistema o incluso la diferencia de cotización de ciertos regímenes respecto al general (como el agrario, cuyos trabajadores cotizan menos pero tienen las mismas prestaciones).

Otros temas que propone el Gobierno son fomentar la jubilación activa, avanzar en la lucha contra el fraude y ampliar el periodo de cálculo de las nuevas pensiones contributivas, una posibilidad esta última a la que no se opone la oposición siempre y cuando se haga de manera voluntaria. Parece en cualquier caso que la última palabra en pensiones la tendrá el Pacto de Toledo... Eso sí la llegan a decir.

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