Competencia inicia el camino para multar al sector de la estiba

La CNMC expedienta a la patronal y los sindicatos porque estima que su pacto para subrogar trabajadores «restringe la libertad de contratación»

J. A. BRAVO

madrid. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) devolvió ayer la incertidumbre al sector de la estiba, al iniciar el camino para multar a sus principales representantes. El motivo es que ha observado «indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas» respecto al juego de libre mercado por parte de la patronal y los principales sindicatos.

Se refiere, en concreto, al acuerdo que la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) suscribió a finales de junio con la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) -principal sindicato del sector-, UGT, CC OO, CIG, LAB y ELA. En el mismo se fijan las bases de negociación del que será el quinto convenio colectivo de la estiba, empezando por incluir la «subrogación de los trabajadores» que ahora pertenecen a las sociedades que gestionan el empleo en el sector (Sagep). Con ello pasarán a formar parte de los operadores de estiba que queden en los puertos tras la reforma, «en proporción a la proporción accionarial» que cada uno tenía en esas sociedades, a las que estaban obligados a inscribirse. A ello se unía un período de salidas voluntarias de estibadores -sobre todo con prejubilaciones-, una rebaja salarial del 10% para los sueldos medios y altos, así como cambios en el reparto de trabajo para ganar productividad.

Pero para la CNMC algunas de esas «prácticas» constituyen una «restricción de la libertad de contratación de trabajadores» para el manipulado de mercancías en los puertos, además de «limitar la libertad» de las compañías que prestan esos servicios.

Los sindicatos replican que el proceso fue revisado por el Ministerio de Empleo. Recuerdan, además, que la negociación colectiva sigue abierta y el convenio aún no está cerrado, por lo que Competencia ha bría actuado de forma preventiva sin hechos cerrados. Los expedientes pueden alargarse 18 meses y terminar con sanción de hasta el 10% de la facturación anual de cada investigado.

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