Los comercios deberán permitir el pago con tarjeta a partir de 30 euros

La futura Ley de Servicios de Pago reducirá de 150 a 50 euros la responsabilidad que asume un ciudadano si usan su tarjeta robada

J. M. CAMARERO

madrid. En poco tiempo no habrá excusa para que los comerciantes prohíban a sus clientes pagar con tarjeta en sus establecimientos. Los carteles en los que se advierte sobre esta restricción, o el propio aviso que suele hacer el empresario a los ciudadanos, tendrá que adaptarse a la nueva realidad: cualquier negocio deberá permitir el pago de una compra o servicio con tarjetas u otros métodos electrónicos, siempre que se trate de importes al menos superiores a los 30 euros por operación.

Esa es una de las novedades que incluye el anteproyecto de Ley de Servicios de Pago, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, con el que se instará a muchas actividades económicas a adaptarse a esta obligación legal. Buena parte de los negocios donde aún no está implantada por completo el uso de los TPV -terminales de pago- la configuran bares, restaurantes, chiringuitos, así como talleres de automoción, peluquerías o supermercados de productos de conveniencia.

La exigencia, impulsada por el Ministerio de Economía, va más allá de lo que recomienda la directiva de pagos de la Unión Europea -también conocida por las siglas PSD2-, la norma por la que el Ejecutivo ha traspuesto la legislación comunitaria a través de un anteproyecto que ahora deberá superar el correspondiente trámite parlamentario, un proceso que previsiblemente se desarrollará durante los próximos meses. La norma no impone el uso de los TPV a los empresarios en sus establecimientos, pero sí al menos algún instrumento de pago alternativo al dinero en efectivo.

La norma regula las firmas de intermediación y de agregación de cuentas que ya actúan con los clientes

Además, el Gobierno ha aprovechado esta transposición para mejorar la protección de los ciudadanos en el caso de que les roben sus tarjetas o las pierdan y puedan utilizarlas de forma fraudulenta para realizar compras o retirar dinero en efectivo de los cajeros sin su preceptivo consentimiento. Hasta ahora, la pérdida máxima que un cliente bancario debía asumir ante esa situación era de 150 euros. Cuando esta ley entre en vigor, la cuantía se reduce hasta los 50 euros. Al mismo tiempo, se acorta el plazo de respuesta del banco para la resolución de la correspondiente reclamación que será de 15 días, frente a los dos meses actuales.

Alternativas a la banca

La futura Ley de Servicios de Pago dará cabida a nuevos operadores en este tipo de servicios. Por una parte se regula la actividad de los 'intermediarios', esto es, compañías que actúan entre consumidores y comerciantes para garantizar el pago de cualquier compra al establecimiento directamente, como alternativa a la tarjeta. También se adapta la actividad de los 'agregadores', es decir, empresas que se dedican a agrupar toda la información de las diversas cuentas que pueda tener un ciudadano para clasificarlas por categorías y ofrecer servicios de asesoramiento e información a los ciudadanos. Se trata de un importante reto para el negocio de la banca, al permitir la entrada de nuevos actores en los medios de pago.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos