La CNMV, preocupada por el riesgo del 'bitcoin', desaconseja comprarlo al pequeño inversor

Albella admite se ha frenado el desembarco de firmas británicas por el conflicto de Cataluña, de donde salieron 2.000 empresas el año pasado

JOSÉ M. CAMARERO

madrid. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha expresado la primera gran advertencia pública sobre la proliferación de las monedas virtuales entre los ciudadanos, con el 'bitcoin' a la cabeza. El regulador mostró ayer su «preocupación» por la comercialización de estos activos al entender que se están adentrando en este mercado de forma «desordenada», lo que supone «un peligro» para sus intereses, tras ser tentados por las decenas de plataformas virtuales que ya operan por Internet.

Durante el Foro ABC-Deloitte, Albella llamó la atención sobre el «extraordinario riesgo» que entraña esta inversión: «Yo no recomendaría comprar monedas virtuales a inversores minoristas», zanjó. El responsable del regulador bursátil insistió en la complejidad de adquirir productos como el 'bitcoin' -la criptodivisa por excelencia, cuyo valor ha caído un 40% en un mes- entre ciudadanos de a pie de forma directa en la Red atraídos por los cantos de sirena de las revalorizaciones que acumula en apenas unas horas. Porque esta inversión se realiza a través de compañías «no reguladas» que escudan su comercialización en convencer al cliente de que las monedas virtuales «no son valores negociables» sino divisas, cuando todos los organismos (la propia CNMV y el Banco de España) dicen lo contrario. Además, Albella alertó sobre el «problema» de la custodia. Esto es, se trata de un activo que no cuenta con respaldos y nadie asegura la capacidad de pagar el dinero comprometido a futuro.

Ante esta coyuntura, la CNMV quiere «llamar la atención» sobre determinadas entidades que están vendiendo 'bitcoin' de la misma forma que lo hace periódicamente con los avisos que lanza el regulador bursátil sobre los chiringuitos financieros que operan en España. Lo hará porque se trata de plataformas «no reguladas» en forma de advertencias cada cierto tiempo. Tampoco descarta proponer al Gobierno «cambios normativos» para controlar estas inversiones y evitar disgustos futuros.

El 41% de las fugas

En ese mismo foro, el presidente de la CNMV admitió que la situación política que se vive en Cataluña desde el pasado mes de octubre ha influido en parte de las empresas que tenían la intención de abandonar Reino Unido tras el 'brexit' y establecerse en España como destino final. Albella indicó que, con el conflicto independentista sobre la mesa durante estos tres últimos meses, la posición del mercado nacional frente a otros países como Alemania o Francia «se debilita». El presidente de la CNMV constata que estos problemas institucionales no son una buena «señal de estabilidad». «Para nuestros esfuerzos de contribución a la venta de la 'marca España', ha sido perturbador», tal y como reconoció ayer.

En cualquier caso, la primera economía perjudicada por el proceso separatista es la catalana. El número de empresas que trasladaron su sede social desde esa región a otras fue de 2.536 durante todo 2017. Esta cifra representa el 40,9% de todos los cambios que se realizaron en España el año pasado y, al mismo tiempo, el doble de salidas que se formalizaron en la Comunidad de Madrid (1.279). Además, si se tiene en cuenta la diferencia entre las compañías que desembarcaron y las que se fueron, el saldo negativo para Cataluña es de 1.988 sociedades, mientras que Madrid registró una balanza positiva de 1.262.

En concreto, entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre -los tres meses que transcurrieron desde el referéndum independentista y la resaca de las elecciones autonómicas-, más de 3.200 empresas iniciaron los trámites para mover su sede desde Cataluña a otra comunidad. De todas las que salieron el año pasado, el 57% (1.457 sociedades) trasladó su sede social a Madrid frente a las 273 que recorrieron el camino contrario. Otras regiones que se han visto beneficiadas por la fuga de empresas han sido la Comunidad Valenciana, a donde se han trasladado 279 sociedades, y Aragón, que recibió 194 negocios.

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