El BCE censura el decreto de las cajas y llama a vigilar los costes del Popular

Los 'hombres de negro' de la UE reprochan que la decisión contradice el objetivo de la reforma de las viejas cajas de ahorro

ADOLFO LORENTE

bruselas. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo volvieron a dar ayer un tirón de orejas al Gobierno de Mariano Rajoy por su reciente real decreto que retrasa la reforma de las antiguas cajas de ahorro y que beneficia a la BBK, que ha ganado un tiempo precioso para completar el fondo de reserva que le permita mantener el control sobre Kutxabank. Gracias al Ministerio de Economía, la entidad vizcaína amplía de cinco a ocho años el plazo para reunir los 235 millones requeridos y, además, rebaja del 50% al 30% el mínimo de ingresos que, vía dividendo, debe destinar a ello.

El guiño del PP al PNV fue tan evidente como el enfado del Ejecutivo comunitario y el BCE, que ya mostró su disconformidad en un informe no vinculante a finales de mayo. Por eso todo quedará en el enésimo tirón de orejas a España. A un Gobierno que gracias a ese decreto pudo aprobar los Presupuestos de 2017 un momento clave. Sin embargo, Bruselas no ha escatimado elogios hacia el PNV por su «responsabilidad», como el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el comisario Pierre Moscovici trasladaron al lehendakari Iñigo Urkullu.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, insiste en que el decreto nada tiene que ver con prebendas políticas, como subrayó en una reciente entrevista con este diario: «Estamos hablando de un aplazamiento, no es algo fundamental ni relevante. Pero si la pregunta es si forma parte del paquete de acuerdos con el PNV, debo decir que no». Un encuentro en el que también recalcó que Kutxabank, sí o sí, deberá salir a Bolsa tarde o temprano.

Aviso sobre los litigios

Que Bruselas es ahora el kilómetro cero de la política española lo evidencian informes como el de ayer, de 28 páginas y realizado por los 'hombres de negro' de la Comisión y el BCE tras su visita a España a finales de abril. Se trata del séptimo documento de estas características que se realiza desde enero de 2014, fecha en la que España salió del programa del rescate financiero de 41.300 millones recibido en 2012.

Este tipo de visitas para chequear y vigilar el estado de las cuentas del país y la salud de sus bancos seguirán hasta que haya devuelto el 75% del dinero prestado, que a final de año aún serán 32.000 millones.

Pero el informe tiene dos grandes novedades. La primera, con un impacto local, se refiere a la reforma de las cajas de ahorro, «uno de los pilares fundamentales del programa de asistencia financiera». Aunque como España ahora no el problema, Bruselas se limita a censurar sin llegar al reproche público. «Se reducen los incentivos para que las fundaciones bancarias desinviertan en sus participaciones de control en las antiguas cajas de ahorro, que es el gran objetivo», apuntan.

El Gobierno sabe que este tirón de orejas es una tormenta de verano. La clave es qué pasará con Banco Popular, la otra gran novedad. Los expertos, pese a la gravedad de lo sucedido, no ahondan en el tema y se limitan a advertir de que seguirán «de cerca cualquier riesgo derivado de posibles costes de litigación».

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