Bruselas cerca a los gigantes tecnológicos con un tasa del 3% para recaudar 5.000 millones

La propuesta, que aún debe ser aprobada por el Consejo, busca evitar que Facebook o Google aprovechen «los agujeros negros» del sistema fiscal

ADOLFO LORENTE BRUSELAS.

Llegó el día. Bruselas, pese a la guerra comercial en ciernes con Donald Trump, no reculó y anunció que plantará cara a los gigantes de la economía digital como Google, Facebook, Twitter, Airbnb o Uber poniendo el foco donde más duele: en lo fiscal, en el bolsillo. La Comisión, alentada por Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, propuso adecuar la normativa vigente y, además, establecer una tasa temporal del 3% sobre los ingresos de las grandes tecnológicas (la gran mayoría americanas) para que los Estados miembros, ahora indefensos ante esta nueva realidad, puedan ingresar en torno a 5.000 millones de euros cada año.

«Nuestra normativa anterior a Internet no permite a los Estados miembros gravar a las empresas digitales que operan en Europa si tienen escasa o nula presencia física aquí. Esto representa un agujero negro en constante expansión», advirtió el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Los números hablan por sí solos y además, abruman. Este tipo de compañías paga un Impuesto de Sociedades del 9,5%, frente al 23% de las firmas tradicionales y sus ventas crecen a un ritmo anual del 15%, frente al 0,2% de otras multinacionales.

El verbo, como sucede en este tipo de ambiciosas propuestas, ha de conjugarse en condicional. Porque una cosa es lo que proponga el Colegio de Comisarios y otra muy diferente lo que finalmente apruebe el Consejo. El gran obstáculo es que en asuntos fiscales es necesaria la unanimidad de los Veintiocho y aquí, países como Irlanda, sobre todo, Holanda o Luxemburgo siempre arrastran los pies escudándose en que es preferible impulsar estas medidas de la mano de la OCDE. Irlanda, de hecho, rechazó ayer una propuesta que los líderes europeos debatirán en la cumbre de hoy y mañana.

Diferentes supuestos

La Comisión Juncker ha colocado dos iniciativas encima de la mesa. Quizá la más chocante es el nuevo impuesto del 3% para poder recaudar en torno a 5.000 millones. Se especuló que podría ser incluso del 5%, pero al final se ha abogado por algo más modesto. Sólo se aplicaría a las multinacionales con una facturación mundial de 750 millones al año y 50 millones en la UE. La mayor parte de las tecnológicas que cumplen estos requisitos son estadounidenses. Este impuesto gravaría tres tipos de ingresos: los generados por la venta de espacios publicitarios en línea (Google, Facebook), los generados a partir de las actividades de intermediarios digitales (AirBnb, Uber...), y los derivados de la venta de datos obtenidos de información dada por el usuario (actual escándalo de Facebook).

La segunda medida es una modificación reglamentaria que permitiría a los países «gravar los beneficios que se generen en su territorio, aunque la empresa no tenga presencia física allí». Una de las claves es determinar la ubicación de los usarios, es decir, van al quid de la cuestión. Se considerará que su «presencia digital es gravable» en un determinado Estado miembro si cumple uno de los siguientes criterios: tiene más de 7 millones de ingresos anuales; tiene más de 100.000 usuarios durante un ejercicio fiscal; o genera 3.000 contratos de servicios digitales en un ejercicio fiscal.

El objetivo final es reducir al máximo las posibilidades de que mediante una planificación fiscal agresiva estas multinacionales acaben reduciendo considerablemente su factura fiscal, mermando así las arcas públicas de los países donde generan beneficios.

En el caso de España, por ejemplo, en 2016 las filiales de Apple, Amazon, Facebook o Google abonaron 26,9 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, según las cuentas del Registro Mercantil. Sin embargo, esos pagos siguen siendo pequeños si se tiene en cuenta que la facturación de esas cuatro compañías en 2016 -último dato disponible- alcanzó en España los 585 millones. Es decir, el pago en impuestos apenas supuso el 4,6% de sus ingresos en España. Hay que tener en cuenta que la tributación de Sociedades se aplica sobre los beneficios y no sobre la facturación. Sin embargo, la planificación fiscal permite en muchas ocasiones menguar esos beneficios o incluso registrar pérdidas. Y eso es lo que ahora la Comisión quiere modificar.

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