Los bancos vigilarán más a políticos y consejeros de empresas públicas

El Ejecutivo presenta esta norma antiblanqueo un mes después de que Bruselas expedientara a España por no trasponer del todo su directiva

D. VALERA MADRID.

Los bancos deberán endurecer el control financiero de las personas de responsabilidad pública, es decir, de los políticos o consejeros y directivos de empresas públicas. Esa es una de las principales medidas del anteproyecto de ley de prevención de capitales que el Gobierno elevó ayer a audiencia pública. Una reforma que supone la trasposición de una directiva europea que el departamento que dirige Luis de Guindos se ha visto obligado a poner en marcha después de que Bruselas abriera hace casi un mes un expediente a España por no adaptar completamente la norma comunitaria. Fuentes de Economía confían en que la norma se apruebe a lo largo del primer semestre de 2018 y evitar así una posible sanción de la UE.

Precisamente, uno de los puntos que faltaba por incluir tenía que ver con esa mayor vigilancia de estas personas de responsabilidad pública. La normativa no amplía el número de sujetos que tienen tal consideración, que son altos cargos de la administración central, autonómica y de municipios de más de 50.000 habitantes, además de consejeros de compañías públicas. Pero lo que hace es obligar a las entidades financieras a endurecer su vigilancia. Un control que no sólo es para esas personas, sino que también afecta a sus familiares y allegados, algo que ya ocurre con la ley vigente.

Hasta ahora, la norma antiblanqueo española establecía una diferencia entre los sujetos englobados en esta definición en función de si eran nacionales o no. En el caso de las personas extranjeras, las entidades financieras ya estaban obligadas a realizar un «control intensivo» sobre el origen de su patrimonio para descartar un origen ilícito. Sin embargo, para los nacionales dependía del tipo de producto contratado. Si se consideraba que era un instrumento de bajo riesgo, por ejemplo un fondo de inversión garantizado, no hacía falta un control exhaustivo sobre la procedencia de los fondos. Sin embargo, con el cambio normativo los bancos deberán controlar el origen del patrimonio de estas personas independientemente del producto que soliciten. Es decir, se homologa el tratamiento con las personas de responsabilidad pública extranjeras.

Cajas de seguridad

Además, la aceptación de estos clientes deberá producirse «por la alta dirección de la empresa», según fuentes de Economía. En caso de que las entidades detectaran algo sospechoso deberán comunicárselo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente de Economía. Otra de las novedades de la reforma tiene que ver con un endurecimiento de las sanciones para los bancos en caso de que incumplan su labor de vigilancia o no la realicen de forma correcta. Este era otro aspecto señalado por la Comisión Europea como incompleto en la trasposición de la directiva. Actualmente, los bancos se enfrentan a una sanción máxima correspondiente al 5%del patrimonio neto de la entidad. Con la reforma la multa alcanzaría a ser de hasta un 10% del volumen de negocio consolidado del grupo.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Economía destacan que el Gobierno quiere ir en algunos puntos más allá de lo que marca la directiva. En este sentido, se ampliará el fichero de titularidades financieras, una base de datos en la que están registradas las cuentas corrientes abiertas en entidades financieras en España. No incluye su saldo, pero sí sus titulares, así como la fecha de apertura.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos