Banco de España y CNMV, fuera del juicio de Bankia

La Audiencia Nacional resalta que la ley penal «no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica» pero sienta en el banquillo a Deloitte

J. A. BRAVO MADRID

La Audiencia Nacional dio ayer un espaldarazo definitivo a la instrucción del 'caso Bankia' realizada durante cinco años por el juez Fernando Andreu. La Sala de lo Penal ha refrendado casi todas sus conclusiones, incluida la exculpación controvertida de las antiguas cúpulas del Banco de España (BdE) y la CNMV, cuyos responsables sí fueron investigados pero no se sentarán en el banquillo de los acusados. Sí lo hará la auditora Deloitte, por su presunta cooperación en el falseamiento de las cuentas.

A raíz de la insistencia de la CIC, que ejerce la acción popular y recurrirá ese archivo ante el Tribunal Supremo, el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente del regulador bursátil Julio Segura tuvieron que declarar en el juzgado en marzo junto a otros ocho excolaboradores suyos.

El mismo tribunal que ahora les libera de responsabilidad penal vio entonces «indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad», basados tanto en correos internos cruzados con el equipo de inspectores empotrado en Bankia antes de su salida a Bolsa en julio de 2011 como declaraciones de varios testigos, miembros del BdE, y conclusiones de los peritos judiciales.

Esa diferencia de criterio ha motivado que una de sus miembros, Clara Bayarri, presente un voto particular frente a la postura de los otros dos magistrados, al estimar «precipitada» su decisión. Cree que aquellos fundamentos y las declaraciones de los propios investigados confirman «la tesis de su clara y consciente participación», al «avalar y propiciar con pleno conocimiento la falsedad contable» en Bankia.

Sus compañeros, por contra, sostienen que el BdE «no dio una carta blanca para cargar pérdidas contra reservas», sino que pedía que se justificaran «en buena forma». Y sobre la falta de diligencia de la CNMV en este caso, señalan que «la ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica».

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