Rato declarará el 5 de abril por el posible blanqueo de los pagos a sus empresas

J. A. BRAVO

madrid. Rodrigo Rato, que sigue pendiente de que la Audiencia Nacional fija la fecha del juicio a la excúpula de Bankia por la presunta falsificación de sus cuentas anuales, tendrá que declarar el 5 de abril próximo en la causa donde se indaga su supuesto enriquecimiento ilícito. Lo hará en calidad de investigado (lo que antes era imputado) y casi cinco meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid diera pie a su comparecencia.

Fue tras archivar este órgano de manera provisional las diligencias relativas a un posible cohecho y malversación de caudales públicos por el expolítico, a través de contratos suscritos con la Administración por sociedades suyas o bajo su control. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sostenían que podía haber obtenido un trato de favor de empresas privatizadas en su etapa en el Gobierno, o bien por su cargo de director gerente del FMI.

Los magistrados no vieron acreditado que se abonaran «comisiones o sobreprecios», solo «sospechas» y «no reveladoras». Descartaron así abrir «una auténtica causa general de resultado sumamente incierto». Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid si estimó «excesivos» los 71,90 millones de euros que facturó su entramado societario entre 1998 y 2013 a una docena de antiguas compañías públicas.

Donde la Audiencia sí vio elementos para profundizar en la investigación -de ahí la citación de Rato- fue en el «blanqueo externo» -según la Guardia Civil- de esos pagos. En concreto, el uso de dos firmas instrumentales, Vivaway y Kradonara (propiedad del cuñado de Rato y desde 2006 solo suyas), para repatriar 7,8 millones. Ese dinero procedería de los pagos a Cor Comunicación, sociedad de la familia Rato, de los referidos 72 millones. Según el tribunal, Rato utilizó «testaferros y sociedades fiduciarias» para «defraudar a Hacienda».

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