La Junta multa a Unicaja con 3,15 millones por cláusulas abusivas en las hipotecas

La entidad malagueña recurrirá la sanción por considerar que los contratos son «claros y transparentes» y porque el Gobierno andaluz no es competente

Francisco Gutiérrez
FRANCISCO GUTIÉRREZ

La Junta de Andalucía ha determinado que los contratos de préstamos hipotecarios de Unicaja incluían cláusulas abusivas para el consumidor y ha decidido sancionar con una multa de 3,15 millones de euros a la entidad malagueña, que anuncia que recurrirá este acuerdo del consejo de gobierno, por entender, entre otras razones, que no es competente en la materia, como ha determinado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que son los tribunales de justicia los únicos competentes para interpretar y determinar cuándo unas clúasulas son abusivas.

La sanción a Unicaja no es la primera que aprueba el consejo de gobierno de la Junta. El 25 de julio anunció una multa de 1,6 millones de euros a la entidad Banca Mare Nostrum, por estos mismos motivos. Concluyen con esta sanción sendas denuncias de FACUA_y de la propia Junta, que se remontan a 2013 y 2014, respectivamente. Unicaja fue una de las 20 entidades denunciadas por FACUA Andalucía en 2013 por las cláusulas suelo de las hipotecas. La misma organización de consumidores denunció estos mismos hechos en otras 17 comunidades autónomas. Por su parte, en 2014, la secretaría general de Consumo de la Junta (fue una de las consejerías que llevó Izquierda Unida en virtud de los acuerdos de gobierno con el PSOE en la anterior legislatura) abrió expedientes sancionadores contra el mismo número de entidades, una veintena, y también por las cláusulas suelo.

El procedimiento sancionador se inició en 2016 y el consejo de gobierno de ayer ha acordado sancionar con 3,15 millones de euros a Unicaja. Según la nota difundida por el Gobierno andaluz, la multa estaría justificada por «introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios» y también por «incumplimiento de la información de prestación de servicios». Según la Junta, se recibieron 357 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de la campaña de control de la Inspección de Consumo «por la inclusión de ‘cláusulas suelo’ en las escrituras».

Deber de información

Los 3,15 millones de multa corresponden a 650.000 euros por infracción muy grave contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el comiso o confiscación del beneficio que la Junta entiende ilícito y que cuantifica en 2,5 millones de euros. Además, impone otra multa, en este caso con un importe de 350.000 euros, por «incumplir el deber de información de prestación de servicio, concretamente sobre las ‘cláusulas suelo’», señala la nota de la Oficina del Portavoz del Gobierno.

Fuente de la Junta anunciaron que en las próximas semanas se aprobarán sanciones a otras entidades, por lo que esta a Unicaja no es un caso aislado.

Claras y transparentes

Unicaja emitió un comunicado en el que asegura que las condiciones generales utilizadas por Unicaja Banco en los contratos de préstamos hipotecarios «son claras, transparentes y ajustadas a Derecho», al tiempo que anuncia la presentación de un recurso: «En el expediente –aseguran– la entidad ha hecho alegaciones muy fundadas, y que se espera sean atendidas en la vía jurisdiccional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones».

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencias anulando multas de la Junta a entidades bancarias. Así, en junio de 2015 se anuló la sanción de 185.000 euros que se impuso al Banco Popular, también por cláusulas abusivas en productos bancarios. Y en 2016 se anuló la que impuso a Caixabank, de 455.000 euros, por las preferentes. En ambos casos, el TSJA estimó que son los tribunales de justicia los competentes para calificar como ‘abusiva’ una cláusula contractual.

Por su parte, FACUA Andalucía consideró «un insulto» a los consumidores la «micromulta» a Unicaja, indican en un comunicado. Consideran que la Junta se ha limitado a sancionar por las 537 denuncias tramitadas por la Inspección de Consumo, y no «a todos los que fueron engañados por las cláusulas suelo», por lo que concluyen que la actitud de la Junta «beneficia a los bancos y representa un insulto a los consumidores».

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