El FROB insinúa que la dirección del Popular debió irse por su «incapacidad»

JOSÉ M. CAMARERO

madrid. Seis meses después de autorizar el rescate del Popular en una noche convulsa con la entidad a punto de no abrir sus puertas a la mañana siguiente, el presidente Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce ha hablado claramente al apuntar la «incapacidad de sus gestores» para hacer frente a la situación a la que habían llevado al banco. Se refirió, sin nombrarlos, a los dos expresidentes de la firma, Emilio Saracho y Ángel Ron, al sostener que la imposibilidad de resolver la situación del Popular se planteó el 6 de junio, pero que el problema «venía desde hacía meses», en referencia a la salida de depósitos, las contradictorias intervenciones públicas y determinadas decisiones corporativas. El presidente del FROB contrastó su actuación y la de la Junta Única de Resolución (JUR), sobre la que Ponce valoró su trabajo a pesar del reciente informe del Tribunal de Cuentas europeo en el que se exponen algunas deficiencias de calidad, con el comportamiento de los banqueros en momentos delicados para sus corporaciones, en referencia al caso del Popular. De hecho, señaló que, salvo contadas excepciones «muy justificadas», los gestores que no logren «enderezar el rumbo», deben ser «sustituidos lo antes posible» para así favorecer la identificación de las pérdidas que el banco tiene que atajar. De cara al futuro, avisó de que las actuaciones de esos directivos «deben ser suficientemente correctivas aunque generen pérdidas de valor a corto plazo».

Ponce, que intervino en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, defendió la resolución del FROB y la JUR al no haber «otra alternativa privada» de un banco o los grandes accionistas del Popular que quisieran ponerse al frente del grupo en esas condiciones. Además, recordó el interés público que suponía el problema para justificar la intervención. A pesar de que aún se desconoce el contenido del informe de valoración elaborado por Deloitte en aquellos días de junio, Jaime Ponce insistió en que la intervención fue la mejor opción al «proteger la estabilidad del sistema, evitar el impacto en los depósitos y ofrecer la continuidad operativa a todos los clientes».

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