La Audiencia abre el 'caso Popular' por los «numerosos perjuicios», no solo a accionistas

Varios directivos del Popular asisten ayer al cambio de rotulación en una de sus sucursales en Madrid. :: r. c.

Lo instruirá el mismo juez que ha llevado a juicio la salida a bolsa de Bankia e investigará a las dos últimas cúpulas del banco y al auditor

J. A. BRAVO MADRID.

La maquinaria de la justicia, especialmente pesada en el ámbito penal, ya ha abierto lo que se ha dado en llamar 'caso Popular', y que guarda algunas similitudes con la causa donde se investigó la polémica salida a bolsa de Bankia. De hecho, la instrucción del mismo ha recaído en la misma persona que ha terminado llevando a juicio a Rodrigo Rato y su antiguo equipo: el magistrado Fernando Andreu.

El titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional admitió ayer a trámite las cuatro primeras querellas que han presentado los perjudicados por la intervención del Popular -en total se conocen una treintena-, que fue traspasado el 7 de junio pasado al Banco Santander por el precio simbólico de un euro. Así lo resolvió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por delegación de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, bajo el argumento de que aquél «estaba quebrando».

Dichos escritos son sustentados por medio centenar de inversores, entre particulares y empresas, además de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Entre unos y otros, Andreu tiene como querellados a 31 personas físicas, la mayoría exconsejeros del Popular además del responsable de auditar sus cuentas (Pedro Barrio), y otras cinco jurídicas, incluido el propio banco, varios socios de peso (como la denominada Sindicatura de Accionistas y Crédit Mutuel) y la auditora PricewaterhouseCoopers.

Considera el magistrado que los hechos descritos en esas querellas «podrían ser constitutivos de delito», fundamentalmente de uno relativo al mercado y los consumidores (en el concepto de defraudación), otro de manipulación del mercado e incluso apropiación indebida por el elevado sueldo de Emilio Saracho.

El que fuera presidente del Popular entre febrero y junio, llamado a priori a liderar su salvación financiera y fichado a golpe de talonario desde la poderosa banca de inversión JP Morgan-cobró una prima de cuatro millones, aparte de su sueldo anual de 1,3 millones-, es el principal investigado junto a su antecesor, Ángel Ron. La diferencia es que en el primero, aparte de dilucidar si su gestión fue irregular, también se indagará en la «posible ilicitud» de sus condiciones de contratación.

También destacan entre los querellados, a quienes el juez citará a declarar en fechas próximas (aún sin concretar) en la condición que antes se conocía como imputado, el que fuera consejero delegado del banco hasta abril, Pedro Larena, y su sucesor, Ignacio Sánchez-Asiaín. Igualmente es relevante la presencia entre los consejeros a investigar de los mexicanos Antonio del Valle y Jaime Ruiz, que representan a un grupo de inversores aztecas que tenían el 4,3% de la sociedad, una participación que llegó a valer 550 millones de euros y por la que ellos han interpuesto también acciones legales contra las antiguas cúpulas.

Dos piezas separadas

A fin de facilitar la instrucción, tal como propuso la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción al pedir que se aceptasen las querellas, Andreu la divide en dos piezas separadas. Una «primera fase» se refiere a la ampliación de capital del banco en 2016 por 2.505 millones, «así como los demás hechos conexos». En la «segunda fase» investigará «la manipulación de mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos o información» que los querellantes estiman falsa, «con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización de las acciones y así obtener importantes beneficios».

De igual modo, indagará sobre «el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones», y con la que algunos querellados «se hubieren podido lucrar». Mientras, solicita diversa documentación al FROB, el Banco de España, la CNMV y el Popular, además de un informe pericial sobre la fiabilidad de sus cuentas y si la venta de sus filiales se ajustó a valores reales.

El juez, no obstante, va más allá y justifica la apertura de esta causa en que la controvertida intervención del Popular «ha causado numerosos perjuicios, no solo a los accionistas sino a la sociedad y a la economía nacional en su conjunto».

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